La medida cautelar dispuesta por Carlos Giovanniello, vocal de la Sala II en lo Contencioso Administrativo, a favor de tres asesores letrados del opositor Luis Brodersen (bloque PRO-A) no cayó nada bien en el oficialismo de la Legislatura

Si bien el camarista no resolvió aún la cuestión de fondo -el alcance de las facultades administrativas del presidente del Poder Legislativo sobre el personal temporario-, sí ordenó la restitución provisoria de los abogados Sergio Correa, Rafael Eduardo Rillo Cabanne y Raúl Correa, quienes habían sido cesanteados a fines de diciembre de 2016, vía decreto, por el vicegobernador, Osvaldo Jaldo.

Ayer, el referente peronista de Trancas dialogó con LA GACETA y afirmó que es “respetuoso de la decisión” judicial. “(Vamos a acatar) la medida, como hicimos siempre. Eso no quiere decir que la compartamos. No la compartimos”, indicó el vicegobernador. Y argumentó su postura. “Entiendo que es la intromisión de un poder sobre otro (poder). Por Constitución y por reglamento interno, el presidente de la Legislatura tiene la facultad de la designación y de la remoción del personal (interno). Sobre todo en los bloques políticos, donde no tienen permanencia”, detalló. Y añadió: “se trata de potestades exclusivas de la Presidencia de Cámara; por eso, seguramente los abogados del Poder Legislativo van a seguir el camino que corresponda”.

Los abogados Correa y Rillo Cabanne asesoran a Brodersen en el bloque unipersonal PRO-A. Los letrados pusieron la rúbrica en presentaciones efectuadas por el macrista ante el fuero contencioso, en el marco de la demanda para que se determine la legalidad de los subsidios que otorga el cuerpo legislativo (incluidos los ya derogados “gastos sociales”). En diciembre pasado, Jaldo firmó los decretos que daban por finalizada la relación laboral entre los tres abogados y la Legislatura. Según la cautelar planteada por los cesanteados, la normativa consignada por el vicegobernador para disponer las bajas de estos empleados temporarios no lo habilitaba a tomar esa decisión, ya que -siempre según la postura de los asesores- su jefe de bloque había requerido la desvinculación de su equipo.

Ayer, el legislador Marcelo Caponio, apoderado del PJ-FPV local, se sumó a la polémica por la cautelar favorable al staff de Brodersen. “Es una medida que invade la esfera propia del Poder Legislativo. Giovanniello se ha excedido al avasallar las facultades del presidente de la Legislatura”, señaló Caponio. Y agregó: “yo no tengo dudas; este juez, que ha participado de la ruta del whisky y ha convivido con los abogados de la oposición política que ‘voltearon’ una elección, más que jurídicamente, está actuando de modo político y en favor de los intereses de un sector opositor”.