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La decisión kirchnerista significa para Córdoba unos 550 millones más por año. Alcanzaría para cubrir el 55% del déficit provincial proyectado por economistas privados.
La presidenta Cristina Fernández avanzó con una medida que se venía reclamando desde el inicio de la gestión K: la coparticipación de las retenciones. Lo hizo en plena campaña electoral y cuando los presupuestos provinciales avanzan inexorablemente hacia el rojo.

Los economistas y gobernadores descartaban que el déficit iba a apoderarse de los números provinciales que, con una distribución de impuestos atada -hasta ayer- a IVA y Ganancias, venían en picada por el enfriamiento de la economía. Ahora se les girará 10% más de dinero.Acorralada por las circunstancias, la Presidenta retomó la idea del fondo de proyectos sociales que había ideado en plena discusión de la Resolución 125. Ahora armará un fondo nacional con los recursos tributados por la soja, 70% para la Nación y 30% para las provincias. Es decir, el dinero deberá emplearse para áreas de educación, salud y desarrollo social.

La decisión kirchnerista tiene múltiples efectos. Los más importantes son el terreno político: deja sin argumentos a los gobernadores de provincias como Córdoba y Santa Fe que apoyaban a los ruralistas, en buena medida, porque del dinero que el campo aporta no recibían un peso.

¿Cómo podrían justificar ahora estos mandatarios su apoyo? Con el decreto, los chacareros pierden aliados clave como lo habían venido siendo legisladores, gobernadores e intendentes que, hartos de recibir cachetazos en sus zonas, trasladaron la presión a la Casa Rosada.

En el área económica, la Nación -con muy escaso costo fiscal- garantiza una mejora de la coparticipación a provincias y municipios. En el caso de Córdoba, recibiría este año (con la actual cotización de dólar) unos 550 millones más. La cifra equivale al 55% del déficit que estimó para la Provincia el economista Nadín Argañaraz o a un mes y medio de los actuales giros nacionales.

Este oxígeno financiero es clave en un momento en que algunas administraciones ya tienen serios inconvenientes para pagar salarios y analizan la posibilidad de emitir bonos para salir del paso.

Sin mayores esfuerzos, el gobierno nacional cubrirá el costo fiscal de la decisión: le alcanzará con contraer los envíos extracoparticipación a las provincias y municipios.

Aunque Cristina y sus ministros hablaron de “solidaridad” y “justicia distributiva”, la razón de fondo del decreto es política. Nunca antes habían aceptado compartir la caja de las retenciones. Ese dinero lo usó para subsidiar tarifas, repartir ayudas económicas y obras de infraestructura. De un plumazo convirtió a los gobernadores e intendentes en “solidariamente responsables” de esa recaudación.

En la cancha del campo, ¿podrá, sin avales críticos, sostener su decisión de no liquidar cosechas? La coparticipación del impuesto era uno de sus primeros reclamos. ¿Tendrán aliados para “aguantar” en las rutas? Los representantes del ala dura insisten en que no habrá paso atrás y aseguran que, sin rebaja de las retenciones, el diálogo se astilla.

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