La izquierda corre a los Kirchner

Por Carlos Pagni

Semana fatídica para los Kirchner. El conflicto de la izquierda sindical en los subterráneos porteños y la movilización contra la manipulación facciosa de los programas sociales amenazan con algo más que el caos urbano. Ponen en riesgo el diseño de la estrategia electoral del Gobierno: la pretensión de aparecer como una administración de izquierda en pugna con un bloque político-empresarial retrógrado. Si a la pelea por la calle se agregan la polémica con las organizaciones de homosexuales por el matrimonio gay y la queja de los partidos de centroizquierda por la reforma política, tal vez la Presidenta y su esposo deban desmentir la peor de las versiones: que, en realidad, ejercen un liderazgo reaccionario, de derecha.

Pulverizados los partidos, la política argentina ha pasado a organizarse sobre ejes temáticos. A falta de grupos que elaboren una agenda, es la agenda la que organiza los grupos. La demarcación del campo político depende de la cuestión que, en cada caso, se discute. Gobierno y oposición pugnan por trazar esa línea divisoria. Para la Presidenta y su esposo, es la que separa a la izquierda de la derecha. Para la oposición, es otra: de un lado están quienes defienden la democracia republicana, y del otro, los que alientan un modelo autoritario populista.

Los Kirchner vienen promoviendo discusiones que dejen a las agrupaciones de centroizquierda atrapadas de su lado. La constitución del grupo se refuerza, además, con algunas asociaciones simbólicas: la alianza con los organismos de derechos humanos y con algunos movimientos de desocupados, que dificultan los intentos de armar una oposición al kirchnerismo desde la izquierda.

Esta táctica puede naufragar ante tres desafíos de estos días. Los delegados del sindicato de subtes anunciaron para mañana un nuevo paro. Kirchner hizo ir ayer a los funcionarios al Ministerio de Trabajo para encontrar una salida al conflicto. La más a mano es, como siempre, responsabilizar a la empresa. Desde Metrovías advierten hoy, en una solicitada, que los "activistas" deben plantear sus diferencias por la vía judicial y que se prestarán los servicios, siempre que el Gobierno brinde su poder de policía. Por si quedan dudas de su buena voluntad, el texto adhiere a la política oficial de transportes. En la compañía temen verse convertidos en otro Kraft, corregido y aumentado.

Los Kirchner son actores principales en esta contienda. Los gremialistas que interrumpen el servicio de subterráneos integran una fracción de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que pretende ser reconocida por el Ministerio de Trabajo como sindicato independiente. Responden a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), que también reclama su personería gremial.

La Presidenta y su esposo disiparon otra vez esa ilusión, al poner en manos de Hugo Moyano $ 1000 millones en subsidios para la salud. Pero esta vez el método de aplacar a Moyano con la caja y a la izquierda con discursos tocó un límite. Hugo Yasky, Claudio Lozano o Patricia Walsh llamaron a una movilización en apoyo de los disidentes de UTA. A Perón, la manipulación de izquierda y derecha le estalló en las manos. ¿Por qué no podría ocurrir lo mismo con Kirchner?

La dicotomía se reproduce entre los movimientos sociales. Los no kirchneristas (Corriente Clasista y Combativa, Polo Obrero, Federación de Tierra y Vivienda disidente, seguidores de Raúl Castells, etc.) amenazan con salir mañana a la calle a protestar por la discriminación en el reparto de subsidios. Anticiparon, con espantosa fascinación, que podría haber muertos de ambos lados. Algunos actúan bajo el paraguas de la CTA.

Estas protestas comienzan a dejar expuesta la gestión de Alicia Kirchner, cuyo vicio más obvio es que ha privatizado el cuidado de los pobres. En muchos casos, hoy está en manos de otros pobres.

La discriminación está en la genética del programa oficial, no sólo en su administración. Los desocupados que consiguen que les autoricen una cooperativa cobran $ 1400. Otros sólo recibirán $ 180 por hijo. Además, siguen en vigor los planes jefes y jefas de hogar de $ 150. Los piqueteros antikirchneristas anunciaron que no tomarán las filiales de la Anses. Tal vez no haga falta: en muchas localidades del conurbano ya fueron desbordadas por familias pobres.

La otra encrucijada

Hay otra encrucijada más sutil, en la que el Gobierno se enfrentará con la izquierda: la Casa Rosada deberá definir la tesis que defenderán sus diputados cuando se trate, en una sesión conjunta de las comisiones de Legislación General y Familia, la reforma del Código Civil para permitir el matrimonio gay.

El dictamen, impulsado por Vilma Ibarra, se votará mañana, pero los kirchneristas todavía no recibieron instrucciones. Hay algunos indicios de que Cristina Kirchner desalentará esa reivindicación, central en la agenda de la izquierda sobre derechos humanos. El jefe de bloque Agustín Rossi no está entusiasmado con el proyecto. Y la ultraoficialista Diana Conti jamás concurrió a defender la iniciativa, que lleva su firma. Desde la Federación de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales intentaron conseguir el respaldo de las Abuelas y de las Madres del Plaza de Mayo. Pero hasta el viernes no tuvieron respuesta.

En la marcha del orgullo gay que se realizó el sábado, el socialista español Pedro Zerolo pidió a la Presidenta que tuviera "la valentía que tuvo Rodríguez Zapatero en España". La cuestión tal vez aparezca hoy, cuando la Presidenta reciba a su amiga Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del gobierno de España y defensora del matrimonio homosexual, que en 2005 se aprobó en su país. Para Cristina Kirchner, el debate es muy inoportuno: el próximo 28 será recibida por Benedicto XVI, junto a otros ocho mandatarios. ¿Terminará la querella con el papado, que se abrió por el aborto? ¿O comenzará otra sobre el diseño de la familia?

La reforma política constituye el tercer entredicho entre los Kirchner y la izquierda. Para seducir a sus habituales aliados -casi todos ligados a la CTA-, Rossi deberá reducir el número de adherentes, afiliados y votantes exigido para las primarias y las elecciones generales.

Los Kirchner no están dispuestos a negociar las internas abiertas obligatorias ni la prohibición para contratar publicidad. Allí se esconden ambigüedades. El Gobierno dice copiar el sistema santafecino, que establece que el voto en las primarias es obligatorio. Sin embargo, el texto oficial (art. 17) dice que los ciudadanos "podrán" votar, no "deberán" votar en las internas. La diferencia es crucial para la suerte de Kirchner.

La nueva ley establece, además, un piso de adherentes del 1? del padrón para ser candidato en una interna. Pero aclara que, a partir de ese mínimo, la cifra la fija cada partido en su carta orgánica. Una inapreciable excusa para que los Kirchner vuelvan a polemizar con Duhalde o con Reutemann y, en ese trámite, recuperen su vieja condición de militantes de izquierda.

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