San Isidro en conflicto con San Fernando El muro de Posse y la seguridad de los vecinos

Habiendo accedido a los argumentos en defensa y en contra de la iniciativa, corresponde un análisis con los pro y los contra de la medida que ha despertado polémica en los medios nacionales, muchos de ellos con un conocimiento nulo de la situación social local.

Es cierto que la iniciativa de separar sectores de la sociedad, en pos de la seguridad, aparentemente resultaría apropiada, teniendo en cuenta que es precisamente en los lugares que se busca separar donde existe la mayor asimetría social.

Pero ¿es razonable hacerlo en un país donde la justicia no separa a los delincuentes de la sociedad para su reeducación y reinserción en la sociedad?

Es cierto que la mayoría de los vecinos de los barrios de emergencia no son delincuentes, y no merecen ver disminuidos sus derechos, por unos pocos que se refugian en sus pasillos, bajo el manto de protección que por temor, muchas veces fundado, los vecinos tienen respecto de los delincuentes y sus posibles represalias.

No menos cierto resulta que los vecinos que se busca proteger, son permanentes víctimas de la inseguridad, que se ha acreditado que los delincuentes provienen de las inmediaciones, y que físicamente es imposible, vigilar cada metro, sin limitar el paso franco de los rateros y delincuentes.

Tampoco resulta inverosímil el hecho de pensar que del otro lado de la valla, muro o cerco, quedarán acorralados, vecinos inocentes, marginados y desprotegidos, a manos de los mismos delincuentes, creando, quizá una suerte de cárcel a cielo abierto, donde coexistan vecinos inocentes a manos de delincuentes acorralados.

Es igualmente digno de consideración que el jefe comunal de San Isidro tiene legalmente la jurisdicción para el manejo de las calles y arterias de su distrito, pero que carece de capacidad para proveer de seguridad a sus vecinos, toda vez que el uso de las fuerzas públicas de seguridad, es potestativo de los gobiernos nacionales y provinciales.

Los derechos de los vecinos de uno y otro lado del muro, son los mismos, están en nuestra constitución, al igual que los deberes de los funcionarios públicos que deben hacer al goce de las garantías constitucionales.

Ahora, vecinos y autoridades apoyan y rechazan la medida de poner un cerco de seguridad que permita incrementar el control de una zona efectivamente conflictiva, donde los contribuyentes, parecieran carecer de derecho a la seguridad, la vida o la propiedad, a manos de una falta manifiesta de efectividad de las autoridades policiales provinciales y otras nacionales allí apostadas.

Del otro lado del muro, frente a la Horqueta, los vecinos son víctimas de la presión de los delincuentes, el peaje extorsivo de las bandas, y por qué no de la manifiesta desigualdad social.

Sin caer en argumentos que despierten la solidaridad del lector ni la adhesión de los organismos propensos a la defensa de los derechos humanos, es San Isidro el municipio que ha erradicado y urbanizado gran cantidad de barrios precarios, de emergencia o villas miseria. Claró está que subsisten en ese municipio emblemáticos barrios como La Cava o Santa Rita, al igual que varios asentamientos en Boulogne.

Poniendo en perspectiva el hecho de la separación por medio de algo que sería apropiado calificar como "barreras arquitectónicas" mas allá de las definiciones o motes periodísticos o políticos, con intenciones partidarias o comerciales. Considerar como lo hace el Intendente del vecino distrito de San Fernando de "discriminatoria" la medida, parecería excesivo, si no se tuviera en cuenta el estado de indefensión en el que quedarán sus vecinos distritales.

Por otro lado no resulta un exceso si se tiene en cuenta el saldo de víctimas fatales que tiene en su haber el municipio de San Isidro entre sus vecinos, y del que nadie puede negar sus consecuencias, manifestadas en numerosas marchas exigiendo, frente al palacio municipal, seguridad.

El policía, el comerciante, el profesional, el vecino, las familia, sin nombres, todos sabemos que San Isidro es un objetivo predilecto de los delincuentes, y el plan de seguridad anunciado por el propio gobernador Daniel Scioli -quien se manifestó contra el muro- o la Presidente Cristina Fernández de Kirchner, que anunció un plan de seguridad para el GBA, la provincia de Buenos Aires y la de Mendoza, son prueba de que hay inseguridad, hay delito, y las soluciones mágicas no existen.

Tenemos suerte en nuestro país que aún no hayan aparecido comandos de la muerte, como ocurrió en Brasil, o comandos parapoliciales, como ocurrió en distintas latitudes de nuestro continente.

Quizá, el intento de garantizar los derechos de unos, deba tener como límite no perjudicar el ejercicio de los derechos de los otros, pero el equilibrio, cuando la presión social apremia, la sangre corre todos los días y las autoridades parecen desbordadas por la violencia de los delincuentes, amerite un accionar integral, interjurisdiccional e interdisciplinario.

San Isidro y San Fernado siguen siendo socios en el consorcio de municipios "Región Metropolitana Norte", que aunque desvirtuado, la formalidad la mantiene y la virtualidad para un acuerdo debe ser plasmada en defensa de los intereses comunes de sus vecinos.

Si ello no se logra, será inminente el enfrentamiento entre los vecinos que apoyen la creación de medidas en defensa de sus derechos y aquellos que, motivados por la defensa de los suyos y quizá incentivados por sectores que buscarán en ello un rédito político, fomenten la división, el enfrentamiento y la lucha.

Hay que buscar acuerdo, para evitar que un muro de seguridad, no sea un muro de lamentos.

Comentá la nota