Irregularidades en un seguro de salud

Las anomalías fueron detectadas en el seguro materno-infantil, por el cual La Pampa recibió algo más de 400.000 pesos en 2007. Incluso se facturaron prestaciones con fecha anterior a la firma del convenio.
JUAN JOSE REYES

El informe ejecutivo 7.409 de la Auditoria General de la Nación dio cuenta que en 2007 –cuando fueron ministros de Bienestar Social, Sergio Raúl Ziliotto, y durante 20 días el ex comisionado municipal Gustavo Fernández Mendía– el sistema hospitalario pampeano, que asistió a 4.936 beneficiarios en la segunda parte del Programa de Seguro de Salud Materno Infantil, adoleció de serias deficiencias en la aplicación de ese programa.

Ese año llegaron 402.195 pesos provenientes de un crédito internacional afectado al seguro de salud. El informe dice que “sobre 171 prestaciones sujetas a auditoria médica, el 67,5 por ciento fueron no válidas”, es decir que hubo 116 prestaciones irregulares.

¿Cuáles fueron las causales según la AGN? Descontrol y falta de regulaciones en la salud pública por falta de historias clínicas; no tener un registro de prestaciones efectuadas; y codificaciones inconsistentes de las prestaciones de acuerdo con las especificaciones del nomenclador. Pero lo más grave del informe fue que se facturaron prestaciones médicas con fecha anterior a la firma del compromiso de gestión.

Mucho se ha hablado durante la semana sobre el pedido de la actual ministra de Bienestar Social, Cristina Regazzoli, de contratar una auditoria externa para evaluar el sistema hospitalario, después de las fuertes denuncias del gremio de la salud. ¿Se la pedirán a la Auditoria General de la Nación, después de que marcara esas graves falencias administrativas y contables en el seguro materno-infantil? Difícil...

Por ahora es un misterio si los “errores” que describió la A.G.N. fueron respondidos por el gobierno pampeano. Valdría la pena saber que pasó en los días de la gestión del ex gobernador Carlos Alberto Verna y los 21 días del año pasado correspondientes al actual titular del Ejecutivo pampeano, Oscar Mario Jorge.

Operatoria del programa.

Los objetivos del programa nacional, al que adhirió La Pampa, son los de aumentar el acceso a los servicios de salud básicos de madres y niños no asegurados; y fortalecer el marco de incentivo para la eficiencia y el enfoque en resultados entre el nivel nacional y las provincias elegibles, y entre aquellas y los prestadores de servicios, al vincular el financiamiento a los servicios que actualmente se prestan a la población por parte del Programa de Seguro de Salud Materno Infantil del Prestatario (MCHIP).

La operatoria se ejecuta a través de la Unidad Coordinadora del Proyecto PISMIP –denominada en el convenio de préstamo “equipo para la compra de servicios nacionales de salud (NHSPT)”–, UFIS (Unidad de Financiamiento Internacional de Programas de Salud) y las Unidades de Gestión Provinciales, denominadas en el convenio de préstamo a provincias para la compra de servicios de salud provinciales (PHSPT)”.

Para acceder a ello, La Pampa sancionó el decreto 2.521 del 23 de noviembre de 2005. La segunda parte de aquellos dineros vino el año pasado. El resultado de la auditoria fue publicado en septiembre pasado en base a datos al 31 de diciembre de 2007, de conformidad con las normas de auditoria externa de la AGN.

Ellas son compatibles con las de aceptación general en el país para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo las pruebas de los registros contables y demás procedimientos de auditoria. La gestión auditada en La Pampa alcanza al período en el cual el Ministerio de Bienestar Social fue conducido por Ziliotto y Fernández Mendía.

Dineros mal rendidos.

El programa prevé hasta el año 2012 un aporte de 135 millones de dólares para todo el país, y ya se han ejecutado 23,4 millones. Los fondos provienen del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

La Pampa, por el decreto 2.521, firmado por el ex gobernador Carlos Verna y del ex ministro Rodolfo Gazia, adhirió a la creación del seguro materno-infantil, que favorece el acceso a los servicios de salud de las mujeres embarazadas y hasta 45 días posteriores a su finalización por cualquier causa del embarazo, y a los niños y niñas menores de seis años domiciliados en el territorio provincial sin cobertura médica explícita.

Además el decretó dio lugar a la creación, en el ámbito del M.B.S., de la Unidad de Gestión del Seguro Provincial (UGSP), con facultades para dirigir y administrar el Seguro Materno Infantil Provincial, y conducir las gestiones ante la Unidad Ejecutora Central del Proyecto.

Por el artículo 4 del decreto se creó la Unidad de Gestión del Seguro Provincial, coordinada en su creación por Nora Graciela Caselli, a la cual se le otorgó la facultad de realizar todas las contrataciones que exigía esa normativa.

La Pampa recibió en ocho meses del año pasado la suma 402.195 pesos. Las principales observaciones realizadas por la Auditoria sobre los dineros transferidos descansan en falencias administrativas y faltantes en la documentación respaldatoria del proceso de contratación de los servicios (autorizaciones, presupuestos, metodología, etc.)

Sin embargo, lo más preocupante, según el informe de la A.G.N. fue que “se observa la atención y consecuente facturación de prestaciones realizadas con fecha anterior a la firma del compromiso de gestión. De 197 prestaciones muestreadas, 25 no fueron válidas, y sobre 172 prestaciones sujetas a auditoria médica, 116 fueron inválidas, es decir el 67,5% de ellas”.

El Estado provincial debiera aclarar porqué ocurrió lo que la Auditoría General de la Nación dijo que ocurrió, en el entendido de que el programa lo que busca es reducir la tasa de mortalidad materno-infantil, dándole cobertura a madres y niños en situación de pobreza.

Pero además, el seguro utiliza mecanismos de evaluación de desempeño y de rendición de cuentas para los proveedores de servicios de salud. Por eso el organismo nacional también detectó que hubo derivaciones que tuvieron como resultado una experiencia ya conocida: las prestaciones terminaron brindándose en clínicas y sanatorios, demostrando una vez más, cómo el erario público termina subsidiando al sector privado.

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