Irregularidades y posible perjuicio fiscal

El aumento salarial para el personal del IPRA, cuyo incumplimiento parcial derivó en una medida de fuerza, habría sido otorgado de manera irregular. Si la Gobernadora no ratifica la decisión del presidente del organismo, Adrián Arias, el funcionario podría verse incurso en un supuesto perjuicio fiscal. La Secretaría Legal y Técnica de Gobierno objeta también el accionar del Ministerio de Trabajo.
El dictamen de Legal y Técnica del Ejecutivo de Tierra del Fuego acerca del conflicto en el IPRA por el no pago de un acuerdo de aumento salarial se conoció ayer y descubrió irregularidades en el accionar de las autoridades de distintas áreas de Gobierno. La sentencia establece que todo incremento en los sueldos de los empleados del Estado provincial debe ser ratificado por la Gobernadora. Sin embargo, transcurrido más de un año desde la primera negociación con los gremios, la Presidencia del Instituto de Regulación de Apuestas todavía no envió lo pactado para que Fabiana Ríos apruebe o rechace la suba, el Ministerio de Trabajo homologó actas sin respetar el procedimiento correspondiente y ya se pagaron 350 de los 500 pesos al básico que, sin sustento jurídico, el ente se había comprometido a abonar. Estas contradicciones políticas en la gestión del ARI, complicarían la situación del titular del organismo descentralizado Adrián Arias, quien podría haber incurrido en un perjuicio fiscal.

En la resolución del área legal de Gobierno se destaca lo normado por la constitución fueguina, que establece al gobernador como el encargado de fijar las remuneraciones de los trabajadores y, en consecuencia, los acuerdos entre el presidente del IPRA y los gremios requieren "indefectiblemente para su validez y vigencia la ratificación" de Ríos. Los responsables del instituto deberían haber emitido un acto administrativo ad referéndum de la aprobación del Poder Ejecutivo Provincial, pero eso aún no se llevó adelante y los empleados ya cobraron una parte en diferentes etapas.

"Analizada la ley que regula al Instituto Provincial de Regulaciones de Apuestas (IPRA) Ley provincial 88 no se observa entre las facultades de su máxima autoridad las de fijar remuneraciones del personal", indica al evaluación desde la cartera gubernamental. "Más aun, cuando de los acuerdos celebrados no se ha acreditado en las presentes el debido amparo presupuestario, ni habilitación presupuestaria alguna, puesto que como es de público conocimiento el presupuesto a la fecha es el reconducido del año 2007", se añade.

Plazos vigentes

Fabiana Ríos debe firmar un decreto para avalar o refutar el accionar de su representante en el órgano de regulación de apuestas. Luego de un año, debido a que las actas de acuerdo no fueron elevadas al Ejecutivo, la gobernadora todavía cuenta con 30 días para expedirse a partir de que se concrete el traslado. "Dicho plazo no ha adquirido vigencia dado que no se observa remisión ni intervención alguna de la Sra. Gobernadora", menciona el dictamen. Y agrega que "el Acta Acuerdo Celebrada el día 28 de octubre de 2008 debe ser ratificada por la Gobernadora y que en consecuencia hasta tanto no se emita el pertinente acto administrativo por parte del Poder Ejecutivo no corresponde que se proceda a su pago".

Los derechos adquiridos

De todas maneras, la resolución de los técnicos del Gobierno sostiene que los incrementos ya aplicados no podrán ser descontados a futuro. "Dichos importes deberían considerarse percibidos de buena fe, por lo tanto no correspondería exigir su reintegro ni devolución", se remarca.

En ese sentido, se cita jurisprudencia que fijó un precedente en el ámbito local por una causa abierta en el marco del IPAUSS (Instituto Provincial de Autárquico y Unificado de Seguridad Social): "Es un principio suficientemente consagrado por la aplicación de lo dispuesto en los arts 738 2da parte y 1055 del Código Civil que las sumas percibidas de buena fe no se restituyen".

Posible perjuicio fiscal

El supuesto delito de perjuicio fiscal que habría cometido Adrián Arias radicaría en haber comprometido el pago de una suma para lo cual no estaba autorizado. La mencionada violación a la ley se estipula para "todo hecho que tenga como efecto una disminución o desmedro patrimonial en el erario estatal, mediante una acción de comisión u omisión que comporte dolo, culpa o negligencia, por parte del empleado público o afín".

La homologación tampoco es válida

Por su parte, el Ministerio de Trabajo también actuó sin seguir los pasos legales, ya que algunas actas de acuerdo de los aumentos fueron homologadas a pesar de no contar con la ratificación de Ríos.

En otro caso utilizado como referencia, el Tribunal de Cuentas de la Provincia había sentado que "debe entenderse como obligatoria la existencia previa de la ratificación por Decreto Provincial del Acta Acuerdo de Aumento Salarial, previo homologación por el Ministerio de Trabajo en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley Provincial 113".

Además, sumando detalles a la desprolijidad evidente, en el reciente análisis de la situación del IPRA, se destaca que el aumento de 500 pesos en total es un importe que "surgiría de un supuesto acuerdo celebrado en Acta de fecha 30/10/08", pero que no se encuentra agregado en las actuaciones, es decir que no fue enviado a la Secretaría Legal y Técnica con el resto de la documentación.

Las medidas de fuerza

El conflicto en su faceta político-gremial no deja ver puntos de conciliación. Los trabajadores anunciaron que se mantendrán "firmes" en su postura y continúa el paro de actividades, por lo menos hasta la reunión que se llevará a cabo durante el mediodía de hoy en el Ministerio de Trabajo con el legislador Manuel Raimbault a cargo de la Gobernación. "Si hubo una negligencia por parte de las autoridades que nombró la gobernadora, tendrán que hacerse responsable de eso. Nosotros nos vamos a mantener en esta postura, firme", dijo el delegado de UPCN (Unión de Personal Civil de la Nación) Sergio Reyes. El encuentro estaba previsto para ayer pero se postergó.

Asimismo, en una carta pública, los empleados anotaron que "en el medio de todo esto se ha reclamado la falta de gestión, la falta de comunicación con nuestros agencieros, las pésimas condiciones edilicias, las recategorizaciones cargadas de clientelismo o utilizadas como mecanismo de seducción, los aprietes, las discriminaciones, el espionaje a los empleados, la contratación de seguridad privada para el edificio en Ushuaia que solo funcionaba de lunes a viernes y la prolongada ausencia de nuestro presidente".

Denuncias por los sueldos sin pagar

La decisión de la Presidencia del IPRA de no pagar los sueldos de diciembre ni el medio aguinaldo hasta tanto se levanten las medidas de fuerza, comunicada públicamente en los medios y registrada formalmente en las audiencias de partes, generaría acciones judiciales. Sergio reyes adelantó la presentación "inmediata" de una denuncia para que intervenga el Ministerio de Trabajo. "Es una práctica que no se puede utilizar como metodología de negociación el pago o no de salarios por medidas de fuerza que estemos realizando. El salario corresponde al trabajo realizado durante los últimos seis meses, por lo que esta extorsión estaría fuera de los marcos legales, así que vamos a presentar esta denuncia para que alguien nos resguarde de estas actitudes de las autoridades", afirmó el sindicalista. Y amplió que "nosotros estamos convencidos de que hemos accionado de buena fe, hemos hecho las cosas bien, así que esperemos que mañana podamos solucionarlo esto".

Consecuencias indirectas para los agencieros

Los encargados de recaudar las apuestas para los distintos juegos nacionales y provinciales marcaron el perjuicio económico que implica la inactividad del IPRA y, en las últimas horas, enviaron cartas documentos y telegramas a las autoridades de la entidad con el objetivo de que se resuelva la cuestión. Unas 15 agencias de Ushuaia y otras 30 de Río Grande se sumaron al reclamo.

También se podrían iniciar acciones judiciales por parte de los empresarios contra el organismo por no brindar el servicio para el cual se firma un contrato que significa un pago anticipado en función de cada local habilitado (de 2 mil ó 4 mil pesos según características particulares). La principal dificultad radica en que los comercios deben afrontar el pago de alquileres y los sueldos de sus empleados, siendo que el dinero no facturado en el tiempo de conflicto será imposible de recuperar para estas bocas de ventas.

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