La justicia allanó este jueves por la tarde las oficinas de la empresa internacional Iron Mountain, propietaria de los depósitos que se incendiaron en el barrio de Barracas el 5 de febrero último, donde murieron 10 personas, en busca de pruebas por el supuesto delito de lavado de dinero.

Ante la denuncia de la AFIP, Iron Mountain envió por la noche un comunicado su "sorpresa" por el allanamiento y negaron "categóricamente los cargos atribuidos a la empresa en relación al presunto caso de lavado de dinero".

En el operativo, que se llevó a cabo en las oficinas que la empresa tiene en la avenida Leandro Alem al 600, en la ciudad de Buenos Aires, participaron personal del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 12, a cargo del juez Sergio Torres, en el marco de una causa iniciada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

"Nos sorprende y categóricamente negamos los cargos atribuidos a la empresa en relación al presunto caso de lavado de dinero", expresó Iron Mountain en el comunicado.

La AFIP detectó maniobras financieras sospechosas de la compañía por 17,8 millones de dólares entre 2007 y 2014 y la investigación que acompaña el expediente judicial identificó en el funcionamiento de Iron Mountain Argentina SA una serie de comportamientos e inconsistencias que caracterizan delitos de lavado de dinero.

"La compañía se enteró de las acusaciones de la AFIP el pasado domingo 18 de mayo cuando la historia se publicó en algunos diarios. Como una empresa confiable, que desde hace 60 años protege información, Iron Mountain realiza negocios de manera ética y cumpliendo con las leyes de cada país en los que está presente", afirmó la compañía.

"Iron Mountain compartirá con las autoridades toda la información que necesiten para aclarar y resolver esta situación", concluyó el comunicado.

La corporación dedicada a la guarda y archivo de documentación sensible tiene su casa matriz en Boston, pero el 98,8 por ciento de la filial argentina es propiedad de otra firma radicada en Luxemburgo.

La empresa, que opera en un sector con elevados niveles de rentabilidad, genera escasas o nulas utilidades, lo que le permite evitar el Impuesto a las Ganancias.

La fiscalización de la AFIP que acompaña la causa comenzó en junio de 2013, siete meses antes del incendio del 5 de febrero que destruyó el depósito de la firma en Barracas y dejó un saldo de diez muertos entre bomberos y rescatistas.

En ese momento, la firma apareció en el radar de la AFIP ya que, a pesar de mantener una extensa plantilla de empleados y un elevado nivel de facturación, nunca arrojó utilidades.