Irán dio por terminada la discusión por su plan nuclear

El presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, indicó que su país no está dispuesto a seguir manteniendo conversación alguna sobre su programa nuclear, pese a una resolución del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
La postura iraní es que el tema nuclear está cerrado, que todos los "aspectos técnicos" ya fueron aclarados, indicó por la noche Ahmadineyad en una entrevista televisiva.

La resolución adoptada por la Junta de Gobernadores del OIEA el viernes pasado instó a Irán al inmediato cese de las tareas de construcción en las instalaciones de enriquecimiento y exigió "plena cooperación" a la hora de aclarar preguntas abiertas.

El documento criticó sobre todo la nueva planta de enriquecimiento de uranio de Fordo, en Ghom, al sur de Teherán, y que el régimen de la República Islámica mantuvo en secreto durante un tiempo.

El sábado, el embajador iraní ante el OIEA, Ali Asghar Soltanieh, respondió que su país mantendrá sus actividades nucleares pese a las nuevas sanciones del OIEA contra Teherán. "Esta resolución no tendrá efecto en nuestro trabajo nuclear y no nos hará suspender nuestros programas nucleares ni un sólo segundo", dijo.

El domingo, Ahmadineyad anunció planes para la construcción de nuevas plantas de enriquecimiento de uranio en reacción a la resolución.

En la mañana del martes el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní Ramin Mehmanparast había explicado que Teherán enviaría misivas de protesta a todos los países que votaron a favor de la resolución aprobada por la Junta.

Mehmanparast también dijo que su país enviaría cartas de gratitud a todos aquellos países que votaron contra la resolución como fue el caso de Cuba, Malaisia y Venezuela, los únicos que votaron en contra mientras que otros seis se abstuvieron.

El OIEA y su Junta habían puesto de manifiesto que nuevas instalaciones nucleares debían ser notificadas al organismo radicado en Viena en el momento en que se decida construirlas. Teherán, sin embargo, sostiene que tiene derecho a esperar e informar seis meses antes de que comiencen las operaciones.

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