Ipross deberá pagar escuela a menor discapacitado

ROCA (AR).- Un adolescente de 14 años, quien sufre una discapacidad mental y motriz, podrá continuar con sus estudios en una escuela privada de esta ciudad. Y será la propia obra social Ipross, la que deberá hacerse cargo del pago de la cuota mensual, según lo resolvieron los jueces que integran la Cámara del Trabajo de la Segunda Circunscripción.
Así de concreta fue la respuesta de los magistrados al recurso de amparo que presentó la madre del menor. Se trata de una trabajadora estatal quien a partir de sus escasos ingresos, se vio imposibilitada de seguir asumiendo los costos que le demanda la educación de su hijo, quien asiste a la escuela cooperativa Casaverde, de Roca.

El menor padece un retraso madurativo, paraparesia motora espástica con trastorno de la movilidad fina, lo que le provoca alteraciones del tipo mental y motora, y le genera minusvalía.

Concretamente, la mujer requirió la cobertura a la obra social Ipross en la rehabilitación y la "integración social" que le fue recomendada por el equipo interdisciplinario que ratificó el certificado de discapacidad que fue sumado al expediente.

Allí, se sugiere que las prestaciones de salud, educación y requerimientos de elementos y ayudas técnicas deberán ser cubiertas en su totalidad por su obra social o bien por algún organismo competente, tal cual lo establece la Ley Nacional 24.901 y la Ley Provincial 3.467.

Ese mismo certificado le recomienda "dar continuidad" a la modalidad educativa que lleva adelante el joven en el establecimiento educativo al que concurre desde hace dos años.

Contención

Esta institución, según argumentó la madre, cuenta con un Proyecto de Integración que abarca la adaptación curricular de los contenidos pero además, tiene el acompañamiento de una maestra integradora y un proyecto de formación laboral. Y es contenido por el resto de sus compañeros dentro del aula.

La mujer efectuó varios pedidos al Ipross pero nunca obtuvo una respuesta afirmativa a sus reclamos por lo que decidió recurrir a la Justicia.

Los jueces Gabriela Gadano, Diego Broggini y Nelson Peña, fundamentaron su posición en la amplia normativa que existe tanto a nivel provincial como nacional, que avala la atención de las personas discapacitadas y aseguraron que la obra social "no puede pretender quedarse al margen" de las leyes que establecen una cobertura total.

En la resolución fechada el 25 de junio, los jueces hicieron lugar al recurso de amparo presentado por la trabajadora estatal por lo que el Ipross deberá asumir el pago de la totalidad de la cuota escolar y la matricula para la "rehabilitación educativa del menor".

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