Ros informó que el presupuesto es de 5.555.549.000 de pesos “y representa un 30,17 por ciento más que el presupuesto en curso”.

Precisó que los recursos serán utilizados “para dar continuidad a todos los programas en marcha” y que “se prevén los recursos para iniciar el proceso de compra de los terrenos que la Cámara de Diputados asignó para expropiar, y así ampliar el parque de tierras”.

Como novedad, hizo hincapié en “la demanda de lotes urbanos con infraestructura, que hoy representa el 90 por ciento del problema habitacional de Misiones”.

Para esto, explicó que “se están comenzando a volcar los planes a la ejecución de ese tipo de solución, como primer paso para que un número importante de familias puedan resolver el problema por sí mismas o con alguna ayuda del Estado”.

En Misiones “alrededor de 80 mil familias viven en terrenos que no son propios”, consideró.

Más allá de los números duros, la exposición de Ros sirvió para marcar un nuevo rumbo en la política habitacional. Ros insistió en que se “debe privilegiar a los sectores de necesidades básicas insatisfechas”.

Los nuevos planes dejarán de construir las tradicionales viviendas Fonavi de 55 metros cuadrados en terrenos de 10 metros x 30, para financiar la compra de terrenos de 7,5 metros de frente y la construcción de casas de madera.

La decisión que, tiene la aprobación de las autoridades nacionales, deberá ser apalancada en acuerdos marco con las dos asociaciones empresarias del sector maderero, Apicofom y Amayadap.

Afirmó que el 50% de la población de menos de 18 años vive actualmente en casas precarias y en terrenos intrusados. El 45 por ciento de los embarazos adolescentes se dan en estos asentamientos, donde se registran el 40 por ciento de las violaciones intrafamiliares. Entre el 25 y el 30 por ciento de los habitantes de la provincia se encuentran en este estado de necesidades. Es la referencia que se debería tomar para evaluar el programa que contempla una vivienda mínima posible pero asentada en tierra propia. Además de tener el respaldo de la Nación, el programa demandará también la planificación del uso del suelo en los municipios.

Ros sostuvo que un dato a tener en cuenta es que el plan de obras del Instituto proyectan una inversión de 5.263 millones de pesos en 2017, pero los recursos dependen en más del 60% de los giros de la Nación, y no siempre llegan.