IPAV: piden informes por los fondos para terrenos

El bloque del Frente Pampeano Cívico y Social presentó un pedido de informes sobre la compra de terrenos que realiza el IPAV destinados a los planes de viviendas. Los legisladores opositores piden conocer los montos y la forma que se aplica la operatoria.

El proyecto fue presentado por la legisladora Claudia Giorgis. Y pide los siguientes informes:

1) los mecanismos legales utilizados al efectuar las transferencias de fondos para la adquisición de terrenos afectados a la construcción de futuros complejos habitacionales en los Municipios;

2) la cuantía de los fondos asignados durante el año 2009;

3) los motivos que originan este tipo de operatoria.

En los fundamentos, Giorgis señala que el proyecto se presenta "ante la inquietud que ha generado la publicación, en el Boletín Oficial N° 2837 y en medios periodísticos, de operatorias de compra de terrenos con serias falencias administrativas".

Afirma que "el objetivo perseguido es transparentar los mecanismos por los cuales se otorgan fondos a las comunas de la provincia para que realicen compras directas eludiendo, la provincia, los controles expresamente previstos".

"En ese sentido, la provincia tiene órganos de control internos y externos, que cuentan entre sus funciones la de analizar estas operaciones, tanto desde el punto de vista legal, como en lo atinente a la transparencia de la operación licitatoria, de adjudicación a la mejor oferta", precisa el proyecto.

Giorgis sostiene que "es importante recordar que el Instituto Provincial Autárquico de la Viviendas tiene implementada la Resolución 381/2008 donde se establecen pautas de compras tales como publicación en medios regionales de comunicación gráficos, radiales y televisivos, informando requisitos de superficie mínima de los terrenos, precios topes de los inmuebles requeridos, lugar de recepción y fecha de apertura de propuestas, y otros que deben observar los oferentes de los terrenos (tales como la inexistencia de deudas impositivas, restricciones de dominio, planos catastrales, propuesta económica, etc.)".

En General Pico el IPAV realizó una adjudicación en base a un banco de tierras. Pero el Tribunal de Cuentas cuestionó la adjudicación realizada (porque la oferta no cumplió con las requisitos ni el encuadramiento legal) y efectuó la adjudicación a la segunda oferta. El valor de la adjudicación fue de 2,1 millones de pesos.

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