Desde hace varios años, la palabra “corrupción” suele asociarse bastante seguido con la sigla IOMA. Y el cambio de gobierno en la provincia de Buenos Aires hace que las anteriores autoridades de la obra social sientan, por lo me-nos, preocupación. Desde Cambiemos están dispuestos a colaborar con la Justicia, acompañar las denuncias ya existentes e iniciar otras si la situación lo amerita. En síntesis, están dispuestos a destapar la olla.

“Calculamos que en 16 meses se fueron por lo menos 2.800 millones de pesos en sobreprecios, asociaciones ilícitas y estafas, como consta en nuestras denuncias”, precisa el titular de la Asociación de Profesionales del IOMA (APIOMA) y del Sindicato Unico de Profesionales, Trabajadores y Técnicos del Instituto de Obra Médico Asistencial de la provincia de Buenos Aires (SUPTTIOMA), Raúl Seillant, quien, en diálogo con La Tecla, sostiene que “somos el único gremio en la historia de IOMA que denunció la corrupción de sus propios funcionarios”. 

No fue fácil. En el medio hubo hasta amenazas de muerte. “La pasamos muy mal”, indica el médico sindicalista, y para demostrar su flamante tranquilidad señala que “pasamos de estar en Sarajevo a estar un cantón suizo. El presidente de IOMA, Sergio Cassinotti, se comprometió con nosotros a empezar a hacer una investigación área por área; llegó el momento de ir a fondo”.

Sí, las cosas cambiaron. Lo reconocen también en Fiscalía de Delitos Complejos 8 de La Plata, a cargo de Jorge Paolini, lugar donde avanzan, y no tanto, las diferentes causas. “Claro que no es lo mismo investigar a quienes tienen que facilitarte expedientes y papeles que investigar con la colaboración de la nueva gestión. Por supuesto que ahora la tarea será más sencilla y las cosas irán con mayor celeridad”, afirman.

Sin ir más lejos, según pudo saber La Tecla, los nuevos encargados de la parte jurídica de la obra social acercarán a la fiscalía en las próximas horas expedientes que eran solicitados desde hace más de dos años. Todos vinculados a las ocho causas por internaciones domiciliarias, las cuales incluyen las denuncias y casos de más de 100 afiliados. Como se dijo, algunas avanzan a paso firme, y otras, no tanto.

“La nueva gestión de IOMA se encontró al llegar con convenios desactualizados, que se originaron hace más de diez años, repletos de adendas y coberturas obsoletas. Por ello se rescindieron todos, aplicando un preaviso de 90 días, lo que garantiza que mientras dure la renegociación no se interrumpa el acceso a las prácticas, consultas y prestaciones que requieran los afiliados”, expresan, todavía sorprendidos, desde la presidencia del instituto.

“El objetivo es mejorar la calidad y transparencia, actualizar los convenios para hacerlos más eficientes y sencillos de auditar. En definitiva, se pretende dar de baja aquellas coberturas que resultan obsoletas, incorporar nuevas prestaciones y renegociar valores, evitando intermediaciones. Esta medida también busca eliminar cualquier irregularidad que se detecte, para transparentar la relación con los prestadores y permitir claros procesos de auditoría”, agregan.

Claro está que la gestión que se fue no era del todo transparente, ni mucho menos. “Desde el directorio de IOMA, con Antonio La Scaleia a la cabeza, se tejió durante años una espantosa red de corrupción. No solamente las prestaciones que se autorizan, sino también las empresas que van a trabajar por la obra social”, asevera Seillant, y destaca que “todas las empresas denunciadas por corrupción, con negocios espurios y clandestinos, con enriquecimiento ilícito, llegaban a lograr el convenio, por ejemplo, de una prestación para internación domiciliaria sin llevar adelante los pasos correspondientes”.

“Normalmente el afiliado tendría que ir a una delegación de IOMA y solicitar una cartilla de empresas que estén vinculadas a los servicios domiciliarios. Ahí le indican las características que tienen cada una de las empresas y luego le exigen que acerque un presupuesto de la empresa que elija. Esa sería la vía normal”, agrega el gremialista. 

“Una vez que completás todos los papeles te mandan una auditoría a tu casa para ver si quien necesita esa internación domiciliaria está en las condiciones que dice el médico que prescribe. Luego se hace un informe socioambiental del afiliado (para ver en qué condiciones vive), y finalmente se da el visto bueno para otorgar la prestación”, prosigue el relato.

Todo esto es como tendría que ser, pero no se cumple. “Vos llegás a IOMA y te dicen que te comuniques a tal empresa, que ellos te van a armar todo. Te generan un módulo que ni siquiera te enterás cómo está constituido. Te otorgan un servicio de 30, 40 o 50 mil pesos y las empresas solamente ponen 10 mil. Obvio que se quedan con todo el resto. Ninguna internación domiciliaria cumple con los requisitos pertinentes”, afirma Seillant.

Según cuenta, absorbieron más o me-nos 100 denuncias que tienen que ver con afiliados que recibieron sólo una parte de la prestación que IOMA está pa-gando en su totalidad. Entre estos casos se encuentra el del ex vicegobernador Alberto Balestrini (ver cuadro aparte). “IOMA le paga a la empresa que se hace cargo unos 160 mil pesos por mes, todo muy irregular”, asegura Seillant.

“En IOMA, el tema de las internaciones domiciliarias es un curro”, decía hace algunos años una médica con 16 años de trayectoria en la obra social. Esta mujer, que fue auditora médica, denunció y se negó a avalar “irregularidades” con este servicio. La echaron. Luego la Justicia ordenó su reincorporación. La información es de allá por 2010 y fue publicada por la revista Desafío Económico.

La denuncia de la doctora habla por sí sola. “Había una docente con esclerosis múltiple, pero resultaba que estaba trabajando. Cuando la quise ubicar, estaba en el exterior, de vacaciones. Y con internación domiciliaria”, cuenta esta mujer, que fue restituida en su cargo por un fallo del juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Federico Arias.

“También comprobó que uno de los pacientes con internación domiciliaria estaba jugando al golf”, relató el abogado de la denunciante, Jorge Milloc, quien también es letrado de APIOMA.

La doctora denunció todo dentro de la misma institución, es decir, el IOMA. Su inmediato superior, Daniel Rossi, titular de la región Pehuajó, -según narró la propia mujer- la increpó: “Me llamó ‘buchona’. Me dijo que él no era ningún ‘buchón’”. Dentro de la obra social nadie la respaldó. “Ninguna de las autoridades se comunicó conmigo. Todas apañaron al director, no al empleado. Es más, como yo no estaba afiliada a UPCN, pensaron más en arreglar entre ellos que en protegerme. UPCN -siguió la mujer- está de la mano desde el punto de vista político con los directivos de IOMA”.

“El tema de la internación domiciliaria es de lo más oscuro, lo que menos se sabe; poco transparente. Hay empresas que entregan esa prestación, y muchas denuncias que indican que estarían ligadas con los directores de IOMA”, denunció, en estricto off the record, uno de los empleados del organismo bonaerense consultados.

“Otros casos tienen que ver con empresas que buscan afiliados con discapacidades, o lo que fuere. Los convencen y les generan una internación domiciliaria. Después les pagan con cheques de tres o cinco mil pesos. Y ellos a IOMA le facturan entre 30 mil y 40 mil pesos. Hemos presentado ante la Justicia cheques por 3 mil y 5 mil pesos”, añade Seillant.

Nombres, nombres y más nombres. “Todo esto lo sabía Jurídica de IOMA. En su momento, quien estaba al frente era Mariano Magnoni, que ahora es juez en Morón. Lo nombraron a pesar de que siempre trabajó en favor de la corrupción y nunca se puso en derecho con la parte jurídica del IOMA. El otro es Pablo Avila, que era director de Gestiones Institucionales; un abogado que está nombrado como director de PAMI en La Plata. Lo hemos denunciado porque permitió que, con la anuencia de UPCN, todo esto se llevara a cabo”, amplía el gremialista.

El hombre va por todo, y quiere tras las rejas a los que -según él- se hicie-ron millonarios gracias a las estafas perpetradas contra IOMA y todos sus afiliados. Confía en la Justicia, sobre todo desde el cambio de Gobierno. “La Scaleia y la cúpula están al tanto de todo, tienen que terminar presos. Si eso ocurre, se habrá hecho justicia”, completa Seillant.