Lo hizo a través de un rebalanceo del Presupuesto del Ministerio de Salud, que incrementó en 1.215 millones de pesos los fondos para reembolsos a las prestadoras de los gremios. Se trata de uno de los ítems que la CGT oficialista negociaba desde hacía meses, y que el Ejecutivo publicó recién ayer en el Boletín Oficial.

La decisión administrativa 687, firmada por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el ministro de Economía,Axel Kicillof -sorprendió que no fuese suscripta por el titular de Salud, Juan Manzur- modificó el presupuesto de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el organismo que encabezaLiliana Korenfeld y que es objeto de desvelos por parte de los sindicalistas.

Los $ 1.215 millones, explicaron en el sector, duplican los recursos de la ex Administración de Programas Especiales (APE), encargada de reintegrarles a las obras sociales el valor de los tratamientos médicos más costosos y complejos. Esa institución, en la actualidad absorbida por la Superintendencia, pasó a llamarse Sistema Único de Reintegros (SUR), que hasta ayer contaba con más de mil millones de pesos anuales para reembolsos. El dinero había quedado desfasado por la inflación y la suba de costos -en particular, tras la devaluación de enero- de todos los ítems de salud. 

En los gremios, en particular los que mantienen diálogo con el Ejecutivo, recibieron conformes la medida, pero advirtieron que será apenas un pasamanos de recursos, y que no implicará mejorar sustancialmente las finanzas de las obras sociales. Es que la CGT de Antonio Caló intentaba gestionar una duplicación, pero de otro rubro, el SUMA (Subsidio Automático de Mitigación de Asimetrías), que tiene una aplicación de fondos más discrecional.

En cambio, explicaron, los recursos frescos para el SUR irán de manera más o menos inmediata a recomponer los valores de los contratos de las obras sociales con otros prestadores, como clínicas, sanatorios y proveedores de medicamentos, que al igual que las prepagas le reclamaban al Gobierno una inyección mayor de fondos. El círculo se cierra con que buena parte de ese dinero servirá para cubrir el aumento salarial pactado por los prestadores de salud con sus empleados, agrupados en el gremio de la Sanidad.

De hecho, los contratos entre las obras sociales y los prestadores tienen cláusulas de ajuste de valores atados a las variaciones del presupuesto de la ex APE, que con la resolución de ayer sufrirán incrementos en lo inmediato. En cualquier caso, los sindicalistas con llegada al Gobierno reconocieron que la medida era parte de las negociaciones que mantenía José Luis Lingeri, jefe del gremio de Obras Sanitarias, con Korenfeld en los últimos meses.

La propia decisión administrativa señala, en sus considerandos, que la medida debió tomarse porque "resulta insuficiente el crédito asignado oportunamente para el financiamiento de las prestaciones de baja incidencia y alto costo", es decir, aquellos tratamientos por dolencias como sida, cáncer o hemofilia, así como los remedios más caros, que por su impacto podrían quebrar una obra social.

El Gobierno financia esas prestaciones con el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se nutre de aportes de las propias obras sociales y que según cálculos sindicales asciende a más de 22 mil millones de pesos. De ese total, el Ejecutivo destina al año una porción minoritaria que no agota el FSR y que, de hecho, mantiene el saldo como el eje de todas las negociaciones entre la CGT y Cristina de Kirchner.