Investigarán en varios países a la firma boliviana-argentina

La empresa Catler Uniservice, que tiene socios locales y una sede en Salta, es investigada por el escándalo de corrupción que envuelve a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
La Fiscalía boliviana investigará en varios países a la empresa Catler Uniservice, que tiene socios argentinos, dentro de las indagaciones sobre el presunto caso de corrupción en la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

La petrolera YPFB fue intervenida el lunes por el Gobierno y un grupo de fiscales para esclarecer las denuncias de corrupción que el fin de semana pasado causaron el relevo del presidente de la estatal, Santos Ramírez, y su reemplazo por Carlos Villegas.

La investigación fue anunciada por el fiscal de Distrito de La Paz, Jorge Gutiérrez, después de dar un informe a una comisión del Senado boliviano sobre su trabajo en este caso. El fiscal no precisó en qué países se investigará a la empresa, pero la misma tiene una sede en la ciudad de Salta y operaciones en Brasil y República Dominicana.

Catler Uniservice firmó en julio del año pasado un contrato con YPFB por 86 millones de dólares para la construcción de una planta petrolera en la región oriental de Santa Cruz, pero, según diversas autoridades, no tiene sus papeles en orden en Bolivia.

La semana pasada, uno de los ejecutivos de Catler Uniservice, el boliviano Jorge O'Connor D'Arlach, fue asesinado por asaltantes que le robaron 450.000 dólares cuando entraba con el dinero a una casa en La Paz que pertenece a familiares de la esposa de Ramírez. La oposición sospecha que el dinero era para pagar una comisión ilegal a cambio del millonario contrato firmado el año pasado.

El fiscal Gutiérrez informó que hoy se registró el domicilio donde murió O'Connor D'Arlach y una de las casas de Ramírez, a quien convocó a declarar el próximo lunes.

La Contraloría General de la República se sumó también hoy a la investigación sobre el contrato firmado por YPFB y Catler Uniservice y denunció que ese documento nunca fue presentado a esa instancia como indica la ley sobre la administración del sector público.

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