Investigarán a ex funcionarios de Katz por presunta corrupción

La conformación de la Comisión Provincial de Investigación de las consecuencia del uso del herbicida Glifosato en la producción agraria misionera lanzaron ayer en Posadas la diputada nacional Julia Perié, el legislador provincial Miguel López, la trabajadora social Antonia Husulak y el ingeniero forestal Juan Domingo Perié por el Movimiento Ecologista Tamanduá. "Nadie nos tiene que contar lo que ya sabemos, pero hay que investigar institucionalmente", se dijo en la conferencia de prensa. Las investigaciones del médico Hugo Gómez Demaio.
La convocatoria a organizaciones públicas, privadas y ciudadanas para la integración de una Comisión Provincial de Investigación de las consecuencias en la salud humana del uso de herbicidas como el Glifosato, realizaron este martes en Posadas la diputada nacional Julia Perié, el legislador provincial Miguel López, la trabajadora social Antonia Husulak y el ingeniero forestal Juan Domingo Perié por el Movimiento Ecologista Tamanduá.

La decisión, a la que también se integró el movimiento ecologista Cuñá Pirú, responde a la misma convocatoria que, a nivel nacional, se impuso a través de un decreto, el 21/09, desde el Ministerio de Salud a instancias de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner,con la creación de la Comisión Nacional de Investigación, a raíz de una denuncia de intoxicación con agroquímicos por fumigación de campos linderos al barrio cordobés de Ituzaingó, en la provincia de Córdoba.

Aunque en Misiones ya se ha investigado y probado las consecuencias del agroquímico Glifosato, utilizado habitualmente en la producción tabacalera, forestal y citrícola, y hasta se legisló acerca del uso de agrotóxicos en la producción agraria a través de la Ley provincial 2727, hasta el momento nunca se logró que el tema adquiera la relevancia institucional que avance en las investigaciones ya existentes y en el control y sanción del incumplimiento de la reglamentación vigente.

Por esas razónes, la diputada Perié destacó en la conferencia de prensa del martes que se pretende “comenzar a trabajar en el armado de una comisión para investigar o continuar investigaciones que algunos profesionales de la provincia vienen haciendo con el tema puntual del glifosato, que es un agroquímico sobre el que se quiere definir cuáles son los perjuicios que causan a los humanos y a las plantaciones de la provincia”, y aclaró que la decisión anunciada responde al decreto presidencial.

“Convocamos a todas las ONGs, profesionales, poderes del Estado para que conformemos entre todos esta comisión que se dedique al estudio, investigación y continuar con el trabajo que vienen haciendo hace tiempo en la provincia”, insistió la legisladora.

"Nadie nos tiene que contar"

La trabajadora social Antonia Husulak, docente y directora de proyectos socio productivos de la Universidad Nacional de Misiones, contó que en el 2004 se iniciaron trabajos de extensión en la localidad de San Vicente y zonas aledañas para reconversión de cooperativas a través de un proceso de reingeniería organizacional en la que se involucró la Federación de Cooperativas Agropecuarias y otras cooperativas de productores agrarios.

A raíz de esos trabajos, “en el 2006 aparecen con fuerza los problemas sociales” que acarrean el uso de agrotóxicos en la agricultura, destacó Husulak al tiempo que admitió que se mantiene la discusión acerca de “si es o no es por esa razón y por eso la investigación debe estar fundada, a pesar de que hay varias investigaciones que demuestran que el glifosato perjudica a las personas”, insistió y remarcó que en el trabajo que realiza “vemos a las personas perjudicadas, nadie nos tiene que contar, lo vemos y es real”

La trabajadora social comentó que en el 2006 se estimaba en 700 los menores discapacitados que estaban en listas de espera para ser derivados a hospitales de Buenos Aires a realizarse transplantes de todo tipo. Esas discapacidades, aseguró, son atribuidas a la intoxicación con Glifosato. “Hasta se encuentran muy habitualmente dos discapacitados por familia, y eso es un desastre”, afirmó Husulak, para quien la reversión de esa realidad está íntimamente ligada a la toma de conciencia social y al compromiso institucional en la investigación y control.

La docente ratificó la fuerte incidencia de los factores económicos en la insistencia en el uso de agrotóxicos. En sus trabajos con las cooperativas y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), se plantea fuertemente el dilema de “cómo reemplazar el glifosato en esta actividad que esta muy bien organizada, como el tabaco, y al mismo tiempo se sostenga la actividad económica de la zona”.

Entre todos

Todos en la conferencia de prensa coincidieron en que no será posible erradicar la problemática si no hay un fuerte compromiso de organismos como los ministerios de Salud Pública, Ecología y Agro, asi como el INTA y las organizaciones de la sociedad civil.

“Este es un juego ético de ciudadanos, es un desafío ético de los misioneros, no podemos hipotecar más generaciones”, insistió Husulak, al tiempo que reiteró: “Hay que hacer una acompañamiento cultural en la población si hay una decisión política fuerte de reemplazar esto, que es dificultoso, pero que lo vamos a intentar”.

No se cumple la ley

El diputado provincial Miguel López insistió en que “no se cumple con la ley provincial 2727, de agrotóxicos”, y aseguró que “lo mismo pasa con el primer punto de este decreto que firmó la Presidente, que habla de investigar hechos denunciados u otros hechos similares”, y mencionó que “en el mundo hay antecedentes del impacto que genera este agrotóxico y por eso en la Unión Europea hay 2500 comunidades donde está prohibido utilizar semillas transgénicas, justamente para evitar el uso de Glifosato”

Más adelante, López reiteró que, además de la cuestión salud, “aparece el incumplimiento de las normativas de parte del poder económico”, y señaló que “cuando identificamos quiénes son las empresas que producen, las comercializan y toda la cadena productiva, es muy fácil de entender por qué estos temas no son debidamente abordados”, aunque “el uso de los agroquímicos está absolutamente regulado y están en las normas de certificación de calidad”.

Tras mencionar una serie de casos de familias con uno o más discapacitados, probablemente por el uso de agrotóxicos, el legislador destacó que los casos se pueden demostrar desde el punto de vista médico, pero se preguntó: “¿y desde el punto de vista judicial?”,

“En Misiones hay muchos casos en el ámbito judicial que no prosperan en el tiempo. Hay que analizar qué sucede”, dijo y aseguró que lo que sucede en Misiones sucede en el mundo.

“Es muy importante para que volvamos a poner en el tapete el tema y escuchemos las opiniones de algunos legisladores, del Inta, de la universidad, de los médicos, como Hugo Gómez Demaio, que se siente solo y que hizo una presentación de sus investigaciones muy impresionante”, insistió.

En la cadena de control del uso de agrotóxicos están involucrados los ministerios de Ecología; de Salud Pública; la Secretaría Nacional de Seguridad Alimentaria (Senasa); los veterinarios que firman las recetas para la adquisición de glifosato, porque su venta es bajo receta, y los hospitales, donde cuando aparece un síntoma se debe denunciar.

Compromiso de todos

“Esto va a valer en la medida en que los médicos opinen, en que las estadísticas de Salud Pública funcionen, que el INTA y la universidad tomen posturas firmes y que funcionen los organismos de control que no funcionan”, insistió López, quien también mencionó la posibilidad de que se encuentren barreras a la iniciativa, razón por la que “tenemos que lograr la participación de todos y que al cabo emitamos un documento que firmen todos y que comprometa a instituciones y personas, para evitar las barreras que van a querer poner desde la Asociación de Plantadores de Tabaco, las cámaras empresariales o los organismos certificadores que van a querer decir lo bien que funciona el herbicida utilizando correctamente, aunque la realidad nos dice que funciona de otra manera”.

En ese marco, Husulak mencionó el trabajo del programa Manejo Integrado de Plagas (MIP), para el que solo se cuenta con un grupo cuando deberían ser necesarios 50 grupos de trabajadores.

La misma docente mencionó que al médico Gómez Demaio “lo ningunean”, aunque desde Salud Pública habrían admitido confrontar sus investigaciones.

“No hay que decir si o no con esto de las barreras, hay que buscar inteligentemente y emocionalmente las soluciones, no se puede negar el problema que existe y culpabilizar al productor. El problema es grave, hay que asumirlo como tal, no desanimarse y asumirlo como algo que le debemos a las generaciones futuras”, remató Husulak.

“De esto no se habla”

Según el ingeniero forestal Juan Domingo Perié, docente de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) y dirigente del movimiento ecologista Tamanduá, en las plantaciones de pino el uso de Glifosato es masivo.

“Acá se reforestan 20 mil hectáreas por año, a tres kilos de herbicida por hectárea son aproximadamente 90 mil kilos de Raundap por año, y las plantaciones de pino llevan el uso de ese agroquímico los tres primeros años”, pero también hay que tener en cuenta que “el herbicida se disuelve en agua, se ocupan unos 18 millones de litros de agua para pulverizar, esa agua sale de los arroyos que son patrimonio de todos, y de eso no se habla”.

El profesional también se refirió a los perjuicios del uso del herbicida en el aspecto social por la fuerte expulsión de mano de obra que implica su utilización.

“Cuando empiezan las plantaciones de pino en los años 50 no existía el Raundap y se pagaba para carpir”, rememoró Perié. “En la zona de Gramado, donde empiezan las forestaciones grandes de celulosa, por aquellos años en las quincenas había fiestas porque había cientos de personas cobrando la quincena, pagando el almacén. Había una distribución más equitativa de la riqueza”, relató y comparó: “Hoy una persona puede carpir esa hectárea en cinco días por 180 pesos, pero el producto químico, con un tractor presurizado con dos personas, hace entre 20 y 23 hectáreas por día. Entonces desde el punto de vista social, elimina gente, y desde el punto de vista ambiental está contaminando”.

La Organización Mundial de la Salud “dice que este producto de tóxico pasa a extremadamente tóxico. Esa es una información científica. Y por eso, desde lo social, lo ambiental, lo económico, hay que abrir la discusión para que veamos cuál es la salida”, concluyó Perié.

Comentá la nota