Se investigarán las donaciones "fantasma"

El fiscal electoral Jorge Di Lello abrió ayer una investigación para determinar qué hay detrás de los aportantes "fantasma" de la campaña presidencial de Cristina Kirchner: quiere saber por qué figuran como donantes en las listas del Frente para la Victoria personas que aseguran no haber puesto un peso y quién es el responsable de esas aparentes irregularidades.
Un fiscal pedirá declaraciones

La primera medida será citar a declarar a los protagonistas de los cuatro casos que LA NACION dio a conocer en su edición de ayer: Miguel Loizaga, Marcela Lombardi, Claudio Antunovich y Francisco Navas. Para eso, el fiscal pedirá hoy a la Cámara Electoral sus domicilios, informaron fuentes de la causa. "El fiscal tiene facultades para citarlos", dijo la jueza electoral María Servini de Cubría.

Todos ellos aparecen en el listado de aportantes presentado por el kirchnerismo, con su número de documento y de CUIT. Pero, en diálogo con La Nacion, desmintieron sus supuestas donaciones. Ayer, tras la publicación de la nota, tres de ellos reiteraron que no habían hecho aportes y uno dijo que pensaba presentar una denuncia. Navas, en cambio, modificó su postura original, luego de un contacto con representantes del oficialismo. "Viendo el cheque recordé que el aporte lo hice, pero yo no era consciente de que era para eso", dijo ayer a LA NACION (de lo que se informa por separado).

Sus relatos ya forman parte de un expediente judicial. La jueza Servini de Cubría ordenó ayer que la nota de LA NACION se incorporara a la causa abierta para controlar los gastos de campaña del kirchnerismo en las elecciones de octubre de 2007.

A eso se sumará hoy una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans, que pide más medidas para esclarecer la identidad de los aportantes.

Ayer, LA NACION volvió a comunicarse con los cuatro aportantes. "Quiero que el caso llegue a la Justicia y que se aclare quién está utilizando mi nombre", dijo Loizaga (DNI 4.734.268). Lombardi (DNI 17.867.148) y Antunovich (16.236.294) ratificaron que jamás hicieron los aportes que se les adjudican, pero dijeron que no tomarían medidas.

Esos tres casos tienen características comunes: son todos aportes en efectivo, registrados el 22 de noviembre de 2007 (es decir, de casi un mes después de las elecciones), pero realizados el 1° de ese mes, según las boletas de depósito que el kirchnerismo hizo llegar a LA NACION.

Cadete generoso

Hay un cuarto caso que sigue los mismos parámetros. Es una donación de 50.000 pesos realizada a nombre de Roberto Luis Actiz (DNI 22.366.634), un empleado de la Compañía Naviera Horamar, de 37 años, que cumple tareas como cadete.

Ante una consulta de LA NACION, Actiz dijo que el dinero lo había depositado él, pero que en realidad lo habían donado las autoridades de la compañía. "Yo fui a hacer el depósito al banco, pero la plata no era mía", dijo a LA NACION.

Horacio López, presidente de la compañía naviera, dijo luego, por intermedio de su secretaria, que no estaba al tanto de la situación y que no tenía nada para decir sobre el tema. En su página de Internet, Horamar informa que opera más de 100 embarcaciones en la hidrovía Paraná-Paraguay. Tiene sus oficinas en Santa Fe 846, segundo piso.

Entre quienes aportaron para la última campaña kirchnerista figuran dueños o directivos de importantes compañías de la Argentina, como los empresarios pesqueros Alfredo Pott, propietario de Santa Elena, y Guillermo Jacob; el industrial automotriz Daniel Milliacci, y Raúl Ruibal, de Ruibal SRL.

En algunos casos, esas donaciones son de directivos que se desempeñan en empresas que no hubieran podido donar, como las concesionarias de servicios u obras públicas.

Es el caso de Néstor Otero, principal accionista de TEBA, concesionaria de la terminal de ómnibus de Retiro, que donó 150.000 pesos, y el de Carlos Wagner, presidente de la Cámara de la Construcción y accionista de Esuco SA, uno de los grandes contratistas del Estado en obras de infraestructura (5000 pesos). Un caso similar es el del español José Luis Rodríguez Zarco, director general de relaciones institucionales de Telefónica (20.000 pesos).

Los fondos proselitistas de la Casa Rosada ya estaban bajo sospecha luego de que en el juicio que se sigue en Miami por el caso de la valija se denunció que los 800.000 dólares decomisados en Aeroparque eran para la campaña kirchnerista. Este año, además, se supo que una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez, a la que la Justicia vincula con el narcotráfico, figura entre los aportantes a la campaña. Era Damián Forza, dueño de una droguería, rubro del que provino el 36,5% de las donaciones al kirchnerismo.

Las dudas se potenciaron cuando la ministra de Salud, Graciela Ocaña, cuestionó los vínculos del superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli, con empresas del área acusadas de graves delitos (una de esas firmas era SeaCamp, de Forza).

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