La Justicia avanza sobre la ruta de los 250 kilos de pseudoefedrina que permanecieron durante cinco años en un depósito del aeropuerto de Ezeiza. El juez Luis Rodríguez, que reemplaza momentáneamente a la jueza María Servini de Cubría, requirió a la Aduana toda la documentación correspondiente al proceso de destrucción de los diez barriles que fueron incautados la semana pasada.

El proceso de destrucción había comenzado días antes del hallazgo, después de que un aviso fuera publicado en el Boletín Oficial.

La intención de los investigadores es terminar de recopilar información documental que permita reconstruir hasta los últimos pasos administrativos del precursor químico, confiaron fuentes judiciales a LA NACION.

La Justicia ya cuenta con la información que secuestró durante el allanamiento. Eran tantos los papeles que la Policía Metropolitana tuvo que pedir más camionetas para trasladarlos hasta los tribunales de Comodoro Py, según detallaron fuentes policiales.

Mientras reconstruyen las pruebas de la pseudoefedrina que viajaba rumbo a Paraguay, para los investigadores no pasa inadvertido lo que consideran un fenómeno similar al ocurrido en la Argentina con la efedrina.

Una vez que se dictó en el país la normativa que limitó la importación de ese precursor, algunos países limítrofes como Bolivia y Paraguay registraron un fuerte incremento en la compra de esa sustancia y también de pseudoefedrina.

Bolivia, por ejemplo, no reportó información sobre dicha sustancias en 2011, pero al año siguiente importó 20.500 kilos de efedrina, según consta en los registros públicos de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), un organismo de la Organización de Naciones Unidas que compila las estadísticas sobre drogas que brindan los Estados.

El año previo al triple crimen de General Rodríguez, la Argentina importó 20.000 kilos de efedrina. Esos números cambiaron rotundamente después de que, en 2008, una normativa estableciera restricciones para el ingreso al país de dicha sustancia. Durante los años siguientes, en el país ingresaron, en promedio, unos 50 kilos por año según datos de la JIFE.

En tanto, los informes del organismo también muestran que el total de pseudoefedrina utilizada en Paraguay desde 2010 hasta la actualidad es de unos 2500 kilos por año, es decir, la misma cantidad del precursor químico que fue encontrados en Ezeiza.

Explicaciones

Los barriles de efedrina que permanecieron durante cinco años en el depósito del aeropuerto habían sido comprados en Suiza en mayo de 2011 por la firma Chema, propiedad del empresario argentino Hugo Sigman, a pedido del laboratorio paraguayo Comfar SA, reveló el diario Clarín.

Se pagó por esa mercadería poco más de 16.000 dólares, aunque en el mercado negro esos barriles superan, por lo menos, el medio millón de dólares, según cálculos de fuentes judiciales.

Desde la firma Chemo explicaron que la pseudoefedrina iba a ser utilizada para la producción del antigripal Angripas plus. Pero -agregaron fuentes de la empresa- "cuando el producto llegó a la Argentina, el 15 de junio de 2011, la Aduana bloqueó su salida hacia Paraguay sin explicar las razones".

La empresa paraguaya pidió reiteradamente explicaciones a la Aduana Argentina, pero recién en 2013 -sostienen desde la firma- fueron notificados por la Aduana de que la mercadería había sido confiscada, aunque no le comunicaron formalmente los motivos que impidieron el envío de la pseudoefedrina a Paraguay.

"El proceso está muy claro, pero hay mucha sensibilidad con el tema porque en la Argentina se difundió mucho el uso de esta sustancia para fabricar anfetaminas. Hubo una compra totalmente legal, están todos los papeles a disposición de la Justicia", dijo el empresario Sigman, titular del Grupo Insud, con millonarias inversiones en la industria farmacéutica, agropecuaria, cinematográfica y editorial.

"No creo que haya habido un problema de mala fe en la Aduana, sino negligencia. Fue una indecisión de qué medida tomar cuando apareció pseudoefedrina en la Argentina en tránsito a Paraguay. Estuvieron confundidos, no sabían qué hacer y fue quedando ahí", agregó el empresario, en diálogo con LA NACION desde España, el país donde vive actualmente.

Por último, Sigman argumentó: "¿Qué sentido tenía retirar la mercadería? Habíamos pagado 16.000 dólares, pero sólo a los abogados había que pagarles más. Además, la pseudoefedrina ya se había vencido en abril de 2014".

El hallazgo de los barriles con pseudoefedrina durante un allanamiento del viernes pasado en Ezeiza había sido ordenado por el juez Rodríguez. Los operativos generaron una serie de reacciones en el Gobierno que dejaron al descubierto una interna entre el desplazado titular de la Aduana Juan José Gómez Centurión y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.