A raíz de la nota que el 22 de enero publicó Los Andes bajo el título "Descubren un desvío ilegal del río Atuel para regar un campo", Javier Fernández, el fiscal de Estado en reemplazo de Joaquín de Rosas, actuó por oficio y a partir del avance del expediente en cuestión, el Departamento General de Irrigación radicó una denuncia penal en la Segunda Fiscalía Correccional de San Rafael a fin de que una vez constatado el hecho, se determinen los responsables. No obstante, el fiscal aún no cierra la causa ya que trabaja por estas horas en determinar si hubo legítimo accionar del Estado al tratarse de un terreno considerado por los propios funcionarios como "reserva".

El mes pasado, la subdelegación de Aguas del Atuel dio cuenta, después de distintas inspecciones, que anónimos habían desviado ilegalmente el río a la altura de las Salinas Chicas. Según explicó en aquel momento el titular de la subdelegación, Fabio Di Berardino, se había generado un símil a un delta que aparentemente servía para regar pasturas, en principios clandestinas, para engordar ganado vacuno. Tal como se constató en el expediente, se desviaron 10 metros cúbicos de agua por segundo.

"El 30 de enero se realizó la denuncia penal pertinente. Tenía pensado cerrar el expediente después de radicada la denuncia y remediado el terreno en cuestión. Sin embargo con la declaración y el testimonio de los funcionarios de Irrigación, que calificaron al terreno como una reserva natural, avanzaremos en determinar si hubo o no legítimo actuar del Estado a partir de la custodia que debiera hacerse de una reserva", especificó el fiscal Fernández.

Así, el fiscal dijo que ya citó a funcionarios de Irrigación para mayores detalles y se corrió oficio a la Secretaría de Ambiente para que determine si el terreno denominado bajo expediente "Inmediaciones a la Laguna Las Salinas, en apéndice noroeste del embalse El Nihuil colindante al Río Atuel de San Rafael", es una reserva o no, y de qué tipo.

"Hay que ver si era una reserva con control activo o de campo abierto para determinar si hubo o no responsabilidad estatal en el desvío del agua", dijo Fernández y a partir de la cual se generó una gran baja del caudal en el ingreso al dique.

Si bien aún no hay indicios de los responsables del delito, lo cierto es que se consideró que de ingresar ganado al terreno, debió hacerse en equipos altamente calificados por la dificultad geográfica; o sino, a través del arreo tradicional con baqueanos de la zona.

A partir de las conjeturas, pruebas y testimonios, la Justicia deberá determinar a los responsables que trasladaron grandes máquinas para, según se maneja como primera hipótesis, desviar agua que sirva para las pasturas del ganado que se encontró en la zona.

"Hay que determinar de quiénes eran las vacas y cómo se abrió el río", continuó el fiscal, quien por su parte avanza en determinar si existieron o no irregularidades por parte del Estado al tratarse de una reserva natural tal como reconoció Irrigación: "Es totalmente ilegal si se ha desviado el curso del río para hacer ingresar agua a la laguna Chica de las Salinas porque esa es zona ?reserva santuario' y no se permite ninguna alteración antrópica en el lugar".

Por su parte, el secretario de Ambiente, Marcos Zandomeni, aclaró que aún no le ha llegado el oficio pero que en base a las coordenadas del terreno se constatará rápidamente si está dentro de las áreas protegidas. "Cuando me llegue será elevado el pedido", manifestó el funcionario.

Así, y después de que Fiscalía de Estado constatara la existencia del hecho, de que Irrigación ejerciera su poder de policía y reactivara el cauce, y de radicar la denuncia penal, quedará definir si el Gobierno actuó en conformidad a lo que se espera, se haga por una reserva natural.