Investigan el presunto desvío de los fondos sociales

Está "confirmada" la presencia de funcionarios de Sidecreer para hoy en el recinto. La convocatoria es a las 19:30 para que se informe sobre la emisión y distribución de las tarjetas sociales, que se vio envuelta en la polémica.

El secretario de la Cámara de Diputados, Gamal Taleb, indicó que está "confirmada" la presencia de funcionarios de Sidecreer para hoy en el recinto.

La convocatoria es a las 19:30 y según Taleb, la visita responde "a la resolución aprobada por unanimidad por los Diputados" el jueves pasado, para que se informe sobre la emisión y distribución de las tarjetas sociales.

"No es una interpelación, sino una reunión informativa", remarcó el Secretario, quien añadió que no se sabe qué funcionario se hará presente.

Se trata de una convocatoria para conocer la operatoria "de las tarjetas sociales, su emisión y condiciones de contratación", describió el secretario de la Cámara Baja quien añadió que "está confirmado que van a ir, aunque no se sabe quienes".

"No es una interpelación, sino una reunión informativa. La cámara quiere saber que pasó con este tema público. No es una sesión y van a estar presentes los diputados que quieran informarse sobre el tema. El cuestionario será espontáneo", respondió Taleb.

La invitación a los funcionarios que encabeza Juan José Canosa, quien en los últimos días hizo públicas irregularidades en los planes sociales de la provincia, en la Cámara se difundió como una iniciativa que se suma a otras «invitaciones» que han surgido desde la Legislatura, tal el caso del presidente del IAPV y ex diputado, Julio César Aldaz.

La “invitación” surgió a partir de que el traspaso de beneficiarios de los planes de ayuda social conocidos como Programa de Refuerzo Alimentario Familiar (PRAF) y el Programa Alimentario Familiar (PAF) a un sistema bancarizado a través de la tarjeta oficial Sistema de Crédito Entre Ríos (Sidecreer), ahora unificados bajo el nombre común “A la mesa entre todos”, permitió transparentar los padrones y detectar la existencia de casi 10 mil beneficios que quedaron bajo la sospecha de que serían irregulares.

Aunque el Gobierno quiere bajarle el tono al asunto -que salió a la luz pública hace una semana, a raíz de declaraciones del titular de Sidecreer, Juan José Canosa- lo cierto es que el nivel de irregularidades que se descubrió es alarmante: más del 36 % de las tarjetas que se distribuyeron entre Paraná y Concordia no fueron retiradas por sus destinatarios, y la sospecha más fuerte apunta a que es porque no reunirían las condiciones para ser beneficiarios de ninguno de los planes de ayuda, tanto el PRAF como el PAF. Se trata de 9.405 plásticos sobre un total de 26.068.

Los planes de ayuda social no sólo cambiaron de nombre, sino que también incrementaron el monto del beneficio que reciben las familias: en el caso del ex PRAF, enfocado en personas en situación de “riesgo nutricional”, lo que en buen romance significa con un miembro en estado de desnutrición, pasó de 47 a 80 pesos; y el PAF, para grupos con pobreza extrema, de 30 a 50 pesos.

Hasta junio último, de acuerdo a un informe oficial elaborado por el Ministerio de Salud y Acción Social, el bono PRAF contaba con un inverso de 21.340 beneficiarios, lo que demandaba una inversión mensual de 1.002.980 pesos; en la modalidad de bonos; en tanto el bono PAF, un total de 68.005 beneficiarios, con una inversión mensual de 2.040.150 pesos.

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