Investigan a la Presidenta por tener una consultora privada

Un juez analiza si incurrió en negociaciones incompatibles con la función pública
La presidenta Cristina Kirchner cerró el año con una gran noticia: el sobreseimiento en la causa en la que se la investigaba por presunto enriquecimiento ilícito. Pero con esto no terminaron sus asuntos con la Justicia: en los últimos meses, una nueva causa penal empezó a avanzar contra ella por su actividad en la empresa El Chapel SA, que creó en 2007 junto con su familia para brindar servicios de consultoría financiera y de inversión.

Ahora, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi espera el resultado de las primeras medidas de prueba que ordenó para determinar si la Presidenta incurrió en negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, una figura penal que prevé una pena de reclusión de uno a seis años y la inhabilitación perpetua para el funcionario que "se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo".

El Chapel tiene tres integrantes: la Presidenta; su marido, Néstor Kirchner, y el hijo de ambos, Máximo, que es el titular. El fiscal federal Federico Delgado realizó en noviembre pasado un requerimiento de instrucción para que se investigara a los tres y pidió medidas. La semana pasada, al filo de la feria judicial, fuentes judiciales informaron a LA NACION que el juez ya había ordenado las siete diligencias solicitadas hasta el momento.

Eso incluyó, en primer lugar, una solicitud a la Inspección General de Justicia (IGJ) de copias del legajo societario de la empresa El Chapel y un pedido al Registro Público de Comercio de Río Gallegos de "todos los datos del estudio contable de Manzanares y Montaner". Ellos son -según advirtió el fiscal en su requerimiento- quienes se encargarían de los negocios del ex presidente Néstor Kirchner. Sus oficinas están en Alcorta 76, Río Gallegos, domicilio de El Chapel.

Víctor Manzanares es el contador de los Kirchner y, como tal, firmó las declaraciones juradas del matrimonio presidencial. También intervino, como perito de parte, en la realización del peritaje sobre el patrimonio de la Presidenta y su marido que fue la base para que el juez Norberto Oyarbide los sobreseyera el 18 de diciembre pasado en el caso en el que se investigaba si se habían enriquecido ilícitamente durante 2008. El ex fiscal nacional de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido lo denunció la semana pasada ante la Justicia por los presuntos delitos de encubrimiento y falsificación de documentos.

Pedido a la OA

Martínez de Giorgi pidió además a la Oficina Anticorrupción (OA), que funciona dentro de la órbita del Poder Ejecutivo, un informe sobre si es compatible que los acusados tengan una consultoría y, al mismo tiempo, sean funcionarios públicos. También dio intervención en el caso a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA). El juez de esta causa es un subrogante que está primero en el concurso del Consejo de la Magistratura para convertirse en titular del tribunal que hoy ocupa en forma interina. Ya había participado de la versión anterior de este concurso, que terminó anulada a instancias del kirchnerismo y también había quedado bien posicionado.

La Oficina Anticorrupción ya se pronunció sobre el caso El Chapel, pero no ante la Justicia. Fue en agosto pasado, después de haber analizado el tema diez meses. El titular del organismo, Julio Vitobello, resolvió que la Presidenta podía conservar su cargo de directora suplente de la empresa siempre y cuando no lo ejerciera, para evitar que sus intereses privados entraran en conflicto con los que debe defender como primera mandataria. Sostuvo, además, que el Estado debía "abstenerse de contratar los servicios" de la firma en cuestión.

Según su escritura de constitución, El Chapel tiene por objeto dedicarse a "la prestación de todo género de servicios de consultoría, estudio, inversión y asesoramiento en las ramas de la economía, finanzas, derecho, ciencias sociales, educación, administración y otras disciplinas a personas físicas o jurídicas del país o del extranjero", pero hasta el momento no se le conocieron clientes ni actividades.

El personaje

MARCELO MARTINEZ DE GIORGI

Juez federal

Hace más de cuatro años que subroga el juzgado que dejó libre Jorge Urso. Está primero en el concurso para cubrir las vacantes en cuatro juzgados federales. Antes, había sido secretario de la Sala II de la Cámara Federal porteña. Como magistrado, procesó a Menem y a Cavallo por los sobresueldos.

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