En cambio, intervinieron escribanías privadas.

Según lo que trascendió hasta ahora, en la ciudad de San Luis las operaciones que van a contrapelo de la ley provincial Nº V-0108-2004 incluyen los barrios entregados el año pasado en la zona sur, pero habría otros en la zona norte. La misma maniobra -creen-, se repitió en Villa Mercedes y Merlo.

“El Estado aparece como parte compradora ante escribanos particulares. No ante el escribano del gobierno, como debería ser. Por ahora hay una investigación administrativa en curso”, explicó el abogado Jorge Domínguez, jefe de la sala administrativa de la Fiscalía de Estado.

El inciso A del artículo 4° de la ley de Escribanía establece que el escribano del gobierno debe intervenir“en el otorgamiento de todos los actos, contratos y escrituras en que sea parte el Gobierno Provincial, administrativa o legalmente, por sí o por delegación en Reparticiones autárquicas y afines o en participación y todo otro de interés público. Igual formalidad se llevará con los contratos de cualquier naturaleza que autorice a celebrar el Poder Ejecutivo de la Provincia y las Reparticiones descentralizadas con particulares o empresas, cuando por el carácter o importancia de los mismos sea conveniente elevarlos a escrituras públicas, a juicio de la autoridad competente que apruebe el contrato. Quedan excluidos los actos jurídicos realizados por la Administración descentralizada de la Provincia, Entidades autárquicas y Empresas del Estado, que tienen escribanos para el otorgamiento de sus actos y contratos”.

Pese a la letra de la ley, una fuente consultada señaló que la intervención de escribanos particulares en operaciones en las que el gobierno aparece como comprador es una práctica aceptada, de larga tradición.