Las revelaciones sobre el empresario Lázaro Báez y su presunta participación en una trama de lavado de dinero que se destapó hace un mes tiene en Santa Cruz su correlato: la justicia federal instruye una causa por presuntos sobreprecios y cartelización en la obra pública, a partir de los cuantiosos fondos nacionales que se derivaron hacia la cuna del kirchnerismo.

Por tratarse de delitos federales la investigación judicial alcanzará a los fondos que fueron derivados a la provincia desde la Nación y destinados a la obra pública, a partir de 2003.

Así se desprende de los informes que se encuentran preparando por estas horas en el gobierno provincial para presentar ante la justicia federal, por pedido de la Fiscalía. Del análisis posterior surgirá, también, qué porcentaje de esos fondos quedó en manos de Báez y las empresas vinculadas con el empresario kirchnerista.

Según aseguró recientemente el ministro de Planificación, Julio De Vido, desde 2003 hasta hoy el Estado nacional en Santa Cruz invirtió más de $ 25.500 millones en obra pública. En la misma explicación, detalló que $ 13.229 millones fueron destinados a la realización de obras viales, viviendas, escuelas, universidad, equipamiento e infraestructura urbana, entre otros conceptos.

Si la causa avanza, la flamante jueza federal subrogante, Andrea Askenazy Vera, deberá intervenir en la causa que se instruye bajo el expediente 33.613 en la Fiscalía Federal, subrogado por Patricia Closter, quien por ahora lleva adelante la investigación.

En la gobernación, varias personas se encuentran abocadas al informe de las licitaciones públicas que se gestionaron aquí, a partir de fondos nacionales que llegaron a la provincia desde 2003. La recopilación de la información está centrada en las obras viales y las viviendas. "Vamos a poner a disposición de la Justicia esta información", confirmó el gobernador Daniel Peralta y no descartó sumar información previa a 2003.

QUÉ BUSCA LA JUSTICIA

La información solicitada por la Fiscalía Federal incluye el conocimiento de las licitaciones públicas, el monto de la obra licitada, las empresas que se postularon, las empresas adjudicadas, el monto de certificación y la ampliación de precios. El objetivo es precisar cuál fue el monto final de una obra pública e intentar determinar, a partir de la evaluación de los peritos, si existieron sobreprecios y quién fue el principal beneficiario de la obra pública.

En marzo de 2006, la negativa del ex gobernador Sergio Acevedo de pagar un adelanto financiero del 25% del costo de obra a las empresas constructoras con fondos provinciales, equivalente a 30 millones de dólares, terminó con su renuncia a la gobernación.

Desde el año 2008, la Nación cambió el circuito de la obra pública en Santa Cruz: los fondos se manejaron en forma directa entre los entes: la licitación, el control y la certificación de la obra los manejó la provincia, pero el pago a las empresas se realiza desde los entes nacionales.

Como ejemplo, según datos oficiales a los que accedió LA NACION, entre diciembre de 2008 y diciembre de 2009, sólo en obras viales se ejecutaron en Santa Cruz con fondos nacionales $ 509 millones destinados a distintos tramos de las rutas nacionales 3, 40, 281 y 288, la ruta provincial 23, la circunvalación en Caleta Olivia, y la ruta al Parque Nacional Los Glaciares.

Sólo en ese año, el 67% de esas obras viales fueron ejecutadas por las empresas de Báez (Austral Construcciones, Kank y Costilla, Petersen T&C, y las UTE Austral-Bianccalani, UTE Austral-Gotti). De acuerdo con los registros de ese año, las otras empresas participantes fueron Petersen T&C (17%), Contreras Hnos. (5%), Esuco SA (4%) Eleprint (3%), Decavial (2%) y Equimac SA (0,78%).

La causa fue iniciada hace un mes, a partir de la denuncia presentada por la dirigente Mariana Zuvic, de la Coalición Cívica-ARI, quien luego del primer programa de Periodismo para todos se presentó ante el juzgado pidiendo que se investigue a Báez, al gobernador Peralta y a funcionarios nacionales y provinciales por lavado de dinero, corrupción, asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos y sobreprecio y cartelización en la obra pública.

Mientras la denuncia fue derivada al Juzgado Federal N° 7, a cargo de Julián Ercolini, aquí se mantuvo la investigación detallada en este artículo. Por ahora no hay imputados en la causa.

EL RESPALDO EN NÚMEROS

El gobierno nacional financió la obra pública

$ 25.500

millones

Es el monto que invirtió el gobierno nacional en Santa Cruz para la realización de obras públicas

67%

obras viales

En el año 2009 se adjudicó a Lázaro Báez la mayor parte de las obras viales

$ 2311

millones

Santa Cruz recibió estos fondos este año por coparticipación federal