Investigan a Kirchner, De Vido y Zannini por asociación ilícita

El fiscal Pollicita impulsó el caso y el juez Ercolini ya ordenó las primeras pruebas
Algunos de los hombres con más poder en el país serán investigados por una presunta asociación ilícita: la justicia federal abrió ayer una causa que tiene como acusados al ex presidente Néstor Kirchner; al ministro de Planificación, Julio De Vido; al secretario legal y técnico, Carlos Zannini, y a un grupo de funcionarios y empresarios de la más estrecha confianza de la Casa Rosada.

Sobre la base de una denuncia de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, el fiscal federal Gerardo Pollicita presentó ayer al mediodía un requerimiento de instrucción ante el juez Julián Ercolini y le pidió 15 medidas de prueba. Anoche, las primeras diez ya habían sido ordenadas, según informó a LA NACION un funcionario que interviene en la causa.

Las obras públicas más importantes de los últimos tiempos, un fideicomiso multimillonario con Venezuela, el frustrado proyecto del tren bala, el negocio del juego y la concesión de la explotación del petróleo serán objeto de la investigación que acaba de comenzar. La sospecha es que "empresas amigas" del kirchnerismo manipularon las licitaciones e hicieron fortunas con sobreprecios pagados por el Estado.

Además de Kirchner, De Vido y Zannini, en la causa hay otros cinco imputados: el secretario de Transporte, Ricardo Jaime; el ex jefe del Organo de Control de las Concesiones Viales (Occovi) Claudio Uberti, que tuvo que dejar ese cargo por su involucramiento en el caso de la valija de Antonini Wilson, y los empresarios Cristóbal López (juego), Lázaro Báez (construcción) y Rudy Ulloa (medios).

Pero el fiscal advirtió que la causa podría alcanzar a "otras personas" y mencionó a 18 empresas que también habrían sido parte de las maniobras denunciadas: entre ellas, las sureñas Gotti, y Kank y Costilla, compañías constructoras en ascenso con el kirchnerismo. También, las concesionarias Metrovías, Ferrovías y Trenes de Buenos Aires.

Ercolini ordenó ayer casi todas las medidas que le había pedido el fiscal. Reclamó el detalle de "las entradas y salidas de Claudio Uberti desde y hacia Venezuela", requirió copia de la investigación del fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, por supuestos sobreprecios en la remodelación de vagones, y ordenó que se consultara al tribunal del principado de Liechtenstein por una causa por lavado de dinero que afecta a Austral Construcciones.

El magistrado dispuso, además, que declarara como testigo el ex intendente de Córdoba Luis Juez, que la semana pasada denunció que Cristóbal López le ofreció financiarle diez campañas políticas a cambio de entrar con el negocio del juego en Córdoba.

Ercolini también solicitó copia de toda la documentación que tuviera la Inspección General de Justicia sobre 26 empresas que son grandes contratistas del Estado y, en relación con esas mismas compañías, pidió a la AFIP un detalle de las denuncias que tuvieran en su contra, sus respectivas integraciones accionarias y posibles vinculaciones entre ellas.

De acuerdo con el requerimiento de instrucción de Pollicita, habrá que investigar si empresarios "con una estrecha vinculación personal con Néstor Kirchner" contrataron con el Estado sin cumplir con las normas "ante una total pasividad del Estado ".

Según Carrió, las contrataciones tuvieron rasgos comunes: concurrían en las licitaciones los mismos grupos, que ofertaban valores muy parecidos y que se alternaban en la obtención de las adjudicaciones. Además, cobraban sobreprecios. Por eso, el fiscal pidió investigar si hubo empresas que "funcionando como holding, se presentaron imponiendo el precio y subiendo considerablemente los costos".

En materia de obra pública hay dos grandes rubros incluidos en el requerimiento: vialidad y vivienda.

Según Carrió, en la ejecución del Plan Federal de Viviendas la operatoria era la siguiente: De Vido comprometía una obra con una provincia y le ponía la contratante. "Es decir, ya estaba decidido de antemano la empresa que iba a ser la adjudicataria de esa obra, que [tuvo un valor que] en ningún caso fue inferior al 200% del valor del mercado", sostuvo la denuncia reproducida por Pollicita.

En cuanto a la explotación petrolera, deberá determinarse por qué las concesiones se redujeron a unas pocas empresas y cómo logró Austral Construcciones SA, que empezó a funcionar en 2003 con $ 12.000, tener hoy una "producción diaria que supera los 50 millones de metros cúbicos".

De acuerdo con el Boletín Oficial, en Austral Construcciones SA se asociaron Lázaro Báez y Sergio Gotti, de Gotti Hermanos SA, empresa de Santa Cruz que se convirtió en referente en obra pública en todo el país. Pollicita solicitó que se investigara a Austral, a Gotti SA y a Kank y Costilla SA por presunto lavado de dinero. Además, pidió indagar en los vínculos entre Báez y Gotti.

El juego, en la mira

Báez hizo una carrera maratónica, de empleado del Banco de Santa Cruz a dueño de un imperio que incluye negocios con la obra pública, el petróleo, el rubro inmobiliario y, en los ultimos tiempos, también el campo.

Otra de las áreas que pidió investigar el fiscal es el juego: la acusación de sobornos contra Cristóbal López y la supuesta intervención de Zannini. Ercolini ordenó que se le remita el decreto que prorrogó la concesión para operar las máquinas tragamonedas en el hipódromo de Palermo.

En cuanto a Uberti, el fiscal pidió que se determinara si hubo irregularidades en las licitaciones abiertas por él objetadas por la AGN.

Otro funcionario investigado será Jaime, acusado por la concesión de trenes y subtes, el tren bala, la creación de Lafsa y las obras para la producción de energía eléctrica. Por último, la causa incluirá presuntas irregularidades en obras de cárceles y el desvío de fondos destinados a terminar Atucha II. Algunas de estas denuncias ya están en la Justicia. Por eso, el juez pidió comunicarse con los diferentes juzgados para evitar "dobles juzgamientos".

La causa empezó con una celeridad inusual, pero al año judicial le quedan sólo dos días. Habrá que esperar a febrero, cuando termine la feria, para ver cómo evoluciona.

El fideicomiso con Venezuela

* El fiscal Gerardo Pollicita pidió que se investiguen presuntas irregularidades en un fideicomiso firmado en 2004 entre la Argentina y Venezuela, del que habrían desaparecido, según Elisa Carrió, US$ 90 millones. El acuerdo preveía que la Argentina le compraría combustible a Venezuela y, con ese dinero, la administración de Hugo Chávez debía comprar bienes industriales argentinos. Se denuncia que un embajador de carrera advirtió a la Cancillería la desaparición de esos fondos y que Claudio Uberti ordenó que el diplomático no se metiera. Además, Carrió afirmó que a las empresas que quisieran vender a Venezuela debían pagar coimas a Uberti del 25% de la operación.

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