Una enorme estafa por $72 millones con centenares de certificados médicos fraguados para docentes de la provincia de Buenos Aires es investigada por la Justicia Penal de esta capital, que imputó a integrantes de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) como presuntos responsables del delito.
Ayer, en medio de la puja entre el gobierno de María Eugenia Vidal y los sindicatos por aumento de salarios y presentismo, salió a la luz la investigación sobre esta organización, que habría realizado al menos 220 certificados apócrifos, con un costo de $800 cada uno.
La pesquisa es llevada adelante por la UFI Nº 16 de esta ciudad, a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, con intervención del juez Juan Pablo Masi, y ayer se realizaron once allanamientos en Los Polvorines (partido de Malvinas Argentinas) y en San Miguel. En una clínica se secuestraron recetarios médicos, historias clínicas y computadoras.
La maniobra consistía en otorgar certificados médicos falsos a docentes y auxiliares de la Dirección General de Cultura y Educación, que en su mayoría argumentaban una patología psiquiátrica leve.
El Estado habría perdido unos $6 millones por mes, según estimó el gobierno de Vidal. El fraude se descubrió luego de que el organismo a cargo de Gabriel Sánchez Zinny puso en marcha un nuevo sistema de licencias médicas, por el que se constató que varios docentes presentaban certificados con la misma letra y patología. Estas personas, al ser citadas por la Junta Médica de la Dirección General de Escuelas, se presentaban sin sus correspondientes historias clínicas. Más tarde, los docentes que realizaron las maniobras de defraudación admitieron la modalidad apócrifa.
Muchos señalaron a un delegado de UPCN de José C. Paz como responsable del delito. Los imputados fueron identificados como Ángel Rubén Riquelme (delegado de UPCN), Alberto Benítez (psiquiatra), Omar Pitre, Ernesto Gabriel Coletes, Nerina Isabel del Geovanino y Delia Inés del Geovanino.
Al parecer, cada certificado se cobraba $220 y tenía una supuesta validez por 30 días para permitir al docente ausentarse de las escuelas.
La causa está caratulada como "defraudación a la administración pública-falsificación de documento de uso público, ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos y honores y usurpación de autoridad de títulos".
Los allanamientos se efectuaron en momentos en que el conflicto entre el gobierno bonaerense y los sindicatos docentes volvió a tensarse: ayer, el Frente de Unidad Gremial hizo un carpetazo frente a la Dirección General de Cultura y Educación para exigir una nueva convocatoria a paritarias para discutir salarios.
En tanto, la semana que viene habrá asambleas en las escuelas para definir un nuevo plan de lucha.
La gobernadora Vidal, según pudo saber LA NACION, está decidida a no mejorar la oferta hasta tanto no se discuta el presentismo: el gobierno destina $19.000 millones por año para pagar licencias médicas.
Con ese dinero podría mejorar la oferta salarial, que fue del 10% en el semestre, más presentismo. Los gremios docentes rechazaron la oferta y acumularon seis días de paro. La próxima semana podrían definir medidas de fuerza.
Vidal no convocará nuevamente a paritarias en el corto plazo.
El cambio en el escenario nacional, tras el pedido de asistencia del FMI, obliga al gobierno de Cambiemos a ser más cauta a la hora de volver a negociar. Dadas las irregularidades en las licencias, Vidal está más decidida a supeditar las mejoras en salarios a la reducción de ausentismo. En tanto, ayer los gremios acusaron a la gobernadora de "mentir", al anunciar que hay 110.000 nuevos inscriptos para terminar la primaria y el secundario de adultos.
En el ámbito docente generó revuelo también la crítica de la gobernadora a la creación de universidades en el territorio bonaerense durante el período kirchnerista.
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