Investigan a empresa K por el caso Siemens

El fiscal Luis Comparatore presentó varios requerimientos ante el juez Ariel Lijo para determinar si la empresa alemana y su socia argentina fueron beneficiadas en la licitación de dos centrales eléctricas. Según sus voceros, ambas compañías no recibieron aún información de la causa a la que accedió El Cronista
El fiscal federal Luis Comparatore inició una investigación sobre la licitación de las centrales térmicas de ciclo combinado Timbúes, en la provincia de Santa Fe, y Belgrano en Campana, provincia de Buenos Aires, para establecer si se favoreció la contratación de la empresa cordobesa Electroingeniería y su socia alemana Siemens, proveedora de las turbinas.

Según confirmaron fuentes judiciales a El Cronista, a comienzos de la semana pasada, Comparatore requirió al juez federal Ariel Lijo la causa "Electroingeniería-Siemens" y pidió copia de los contratos efectuados entre el Estado y los consorcios ganadores, además de los firmados entre los miembros de cada consorcio. Es decir, entre Electroingeniería, Siemens y la constructora española Duro Fleugera, y entre Electroingeniería, Siemens y la venezolana Inelectra.

Por otra parte, el fiscal solicitó copia de la documentación presentada por Siemens ante la SEC (la comisión de seguridad financiera en EE.UU.) y ante los tribunales alemanes donde habría testimonios que señalarían el pago de coimas a funcionarios después del año 2003.

En diciembre del 2008 el gobierno de EE.UU., a través de la SEC, mencionó al ex presidente Carlos Menem, al ex ministro Carlos Corach y a Hugo Franco (ex director de Migraciones), como supuestos destinatarios de por lo menos u$s 2,6 millones en coimas que habría pagado la multinacional Siemens para obtener el contrato para la confección de los pasaportes y documentos de identidad.

Frente al avance de una investigación en Alemania, Siemens admitió haber infringido la ley de prácticas de corrupción en el extranjero y accedió a pagar una multa mientras que en los tribunales de la Argentina, donde la causa de los DNI estaba a punto de ser cerrada, debieron continuarse las investigaciones. Entre otros, el abogado Ricardo Monner Sans y el diputado de la Coalición Cívica Adrián Pérez, presentaron denuncias penales para que se investigue a Siemens y a Electroingeniería mientras que Abel Fleitas Ortiz de Rozas, en uno de sus últimos actos administrativos antes de fallecer, instruyó medidas desde la Oficina Anticorrupción para investigar si el Estado había cometido algún ilícito en la contratación de Siemens.

Sin embargo, recién ahora, con los requerimientos de Comparatore, la causa que tramita el Juzgado Federal Nº 4 tomaría un nuevo impulso. De hecho, fuentes judiciales señalan que el próximo paso del fiscal sería pedir declaraciones indagatorias y testimoniales de empresarios y funcionarios para determinar si se pagaron coimas en los contratos mencionados.

Consultados por El Cronista, tanto el vocero de Siemens como el vocero de Electroingeniería, dijeron desconocer estos requerimientos de Comparatore por lo que prefirieron no hacer referencia a los datos de la causa a los que accedió este diario.

Según fuentes judiciales, el fiscal habría prestado atención al hecho de que los alemanes se asociaron con la empresa cordobesa cuyos dueños, Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta, mantienen una estrecha vinculación con el matrimonio Kirchner y con funcionarios kirchneristas, entre ellos, el ministro de Planificación, Julio De Vido.

Pero hubo otro dato que también sorprendió en Tribunales y que motivó a Comparatore a acelerar sus pasos. Fue la visita de una abogada, que se presentó de parte de Electroingeniaría ante el fiscal mientras éste se recuperaba en una clínica porteña de una dolencia física. La letrada, siempre según fuentes judiciales, habría sido enviada por el embajador argentino en Madrid, Carlos Bettini, a quien la empresa pidió ayuda dados los buenos contactos judiciales del diplomático kirchnerista.

Esto y el cambio de actitud de Siemens reactivaron la investigación. Los alemanes pasaron de demandar al Estado argentino ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias en Inversiones, del Banco Mundial (Ciadi), y los reclamos ante los gobiernos de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner a reactivar, junto a Electroingeniería, la provisión de tecnología a Atucha I y II y a ganar la licitación para abastecer de cuatro turbinas a las plantas de generación de energía de ciclo combinado de Santa Fe y Buenos Aires.

En un gesto por acercar posiciones, en setiembre del 2007 la senadora Cristina Kirchner había visitado la planta de Siemens en Alemania. Por entonces, ya habían sido adjudicadas a favor de la empresa germana la compra de las turbinas para los proyectos San Martín y Belgrano y los servicios de mantenimiento durante diez años en tanto sus socios argentinos quedaron a cargo del balance y la construcción de las mismas. Todo, por u$s 1.600 millones.

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