Investigan la desaparición de los expedientes en Tesorería

Fiscalía de Estado inició una investigación sumarial. La Provincia se presentaría como actor civil en la causa judicial.
El fiscal de Estado, Simón Hernández, confirmó el inicio de una investigación sumarial en el ámbito de la Tesorería General de la Provincia, para determinar el destino de los 30 expedientes perdidos de las millonarias compras directas realizadas por el gremialista Víctor Brandán, cuando se desempeñaba como subsecretario de Acción Social del gobierno de Oscar Castillo.

Hernández explicó que el área a su cargo está recabando "información y antecedentes, para ver si podemos reconstruir qué pasó con esa documentación".

Esos datos, dijo, serán remitidos luego a la Justicia, en donde se investiga el polémico negocio del hambre.

El funcionario comentó también que se analiza una presentación del Estado provincial en este marco. "Estamos evaluando, una vez que reunamos todos los elementos, en constituirnos en actores civiles en la causa (que investiga la fiscal de instrucción Alicia Elizabeth Cabanillas)", agregó.

El trabajo de Fiscalía de Estado apunta a conocer el destino de los expedientes de Tesorería que habían sido requeridos por el Tribunal de Cuentas, organismo responsable de una investigación preliminar sobre las compras efectuadas por Brandán durante los últimos tres meses de 2003, que incluyeron desde alimentos de la canasta básica hasta juegos de ingenio por más de 200.000 pesos, en un uso abusivo del decreto 1.544 , firmado en 2000 por Castillo.

El polémico instrumento legal fue el que elevó el monto autorizado para este tipo de contrataciones en la Subsecretaría de Acción Social de 100 mil a 350 mil pesos, y eximió al organismo de la limitación establecida para adquirir de esta manera artículos de un mismo tipo dentro de un lapso de treinta días.

Cuando el sindicalista Brandán comandaba el área de Acción Social, se gastaron 27 millones de pesos en asistencialismo, en apenas 9 meses.

Elementos

Hernández consideró que al recabar los datos en Tesorería, se decidirá la marcha de las actuaciones. "De acuerdo con los elementos que se recaben, si hay causa administrativa, haremos el sumario correspondiente, y su hay elementos penales, pasaremos todo a la Fiscalía que está investigando", comentó.

En este marco, el funcionario dijo que "si nosotros logramos reconstruir los expedientes, pueden ser elementos importantes para la investigación judicial".

La causa judicial contra el titular de la UOCRA se inició en 2005, cuando Víctor Brandán ya había asumido como diputado provincial. En los últimos días, la fiscal Cabanillas solicitó en forma reiterada el envío de los expedientes iniciados por las compras directas, aunque desde Tesorería dijeron que no podían dar con ellos. La documentación es necesaria para realizar pericias.

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