Investigan cuantioso fraude al Estado de médicos y enfermeros

Detectaron desde facturas duplicadas hasta profesionales que no trabajaron nunca para el Estado.
La Justicia está investigando a una veintena de profesionales que habrían protagonizado un importante fraude al fisco provincial a través del cobro irregular de facturas de un programa especial del Ministerio de Salud mediante el cual se contrata a médicos comunitarios. Ejecutaron facturaciones dobles, a nombre de profesionales no inscriptos en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) o por montos superiores a los acordados, por lo que se están realizando allanamientos en busca de esos factureros. Las primeras irregularidades se detectaron en el último control trimestral y comprometen a 24 profesionales de la salud, entre los que hay médicos, enfermeros y licenciados en diferentes especialidades que hoy están bajo la lupa judicial.

El Gobierno elevó a la Justicia los primeros comprobantes, que se mantienen bajo el más estricto hermetismo en el Ministerio de Salud, que conduce Sergio Saracco. Incluso, se están revisando años anteriores porque, aparentemente, este accionar constituía un modus operandi común en las áreas de salud departamental.

La causa está en manos del fiscal especial Daniel Carniello, quien ayer confirmó a este diario estar al frente de la investigación, aunque se negó a brindar más información, amparándose en el secreto de sumario.

En la denuncia se detallan claramente las irregularidades observadas. Las mismas corresponden a contrataciones hechas para desempeñarse en el Programa Nacional de Recursos Humanos en Atención Primaria, que ofrece contratos de 800 pesos por 20 horas de prestación.

En primer lugar, el listado de profesionales consignados por departamentos y por mes no se corresponde con la prestación efectiva de médicos o enfermeros que se envía al Ministerio de Salud de la Nación. Es que en algunos de los listados hay nombres de personas que no trabajan para el ministerio o facturas que están firmadas por profesionales de la gestión anterior, cuando Armando Caletti estaba a cargo de la cartera sanitaria local.

Los nombres de los profesionales que se investigan no se revelarán hasta tanto la Justicia dictamine, pero están detallados claramente en la denuncia. Pero, para citar algunos ejemplos, en el expediente consta el caso de una enfermera de General Alvear que cobró desde enero de este año, cuando en realidad comenzó a trabajar en julio, con lo que facturó al Estado 5.600 pesos, cuando en realidad debía hacerlo por 1.600 pesos.

Otro caso se detectó en Lavalle, donde dos profesionales cobraron 8.000 pesos, uno 4.800 y el otro 3.200, cuando en realidad no habían prestado ningún servicio al Estado. Otro de los casos que se detectó en ese departamento es el de una enfermera que cobró 5.600 pesos por un contrato de cuatro meses, cuando en realidad debería haber recibido 4.000.

El departamento que más anomalías arrojó es Maipú. En ese caso hay desde profesionales que nunca habrían prestado servicios hasta facturas duplicadas por el mismo servicio e importes numéricos que no coinciden con los alfabéticos. De esta manera, sólo en el período observado en la denuncia se registra una sobrefacturación de 12.100 pesos. Algunas de esas facturas habrían sido cobradas por los coordinadores de las áreas departamentales y a los médicos que figuran no se los conoce.

En general, casi todas las áreas de salud departamentales presentaron anomalías: sólo Junín, San Carlos, Tunuyán y Godoy Cruz no muestran irregularidades.

comprometidos. Los 24 profesionales comprometidos hasta el momento están siendo investigados. El fiscal Carniello confirmó que, por las diferencias de jurisdicción, aún no se sabe si todos los casos quedarán bajo su órbita.

Además, se sabe que en el fraude hubo varios cómplices, pero unos de los que serán más investigados son los imprenteros que hicieron los factureros. Es que se denuncian casos de médicos que se inscribieron en la Administración Federal de Ingresos Públicos tres o cuatro meses después de emitir su primera factura, cuando en realidad el imprentero necesita el comprobante de la AFIP para poder hacer los formularios.

Así las cosas, el ministro de Salud ha ordenado una exhaustiva revisión de los contratos pagados en años anteriores para determinar si las irregularidades eran un modus operandi común o sólo se produjeron este año.

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