Investigan los bienes de los Kirchner

Investigan los bienes de los Kirchner
La causa se centra en el fuerte enriquecimiento
Por debajo de los radares, la Justicia inició una nueva investigación contra el núcleo mismo de la Casa Rosada. A partir de esta semana, indagará sobre el presunto enriquecimiento ilícito de la presidenta Cristina Kirchner y de su esposo, Néstor Kirchner.

La orden fue dada por el juez federal Norberto Oyarbide este lunes, a partir del requerimiento de instrucción que presentó el fiscal Eduardo Taiano ese mismo día. La pesquisa se centra en la última y más controvertida declaración jurada que presentó la Presidenta, en la que explicitó que su patrimonio creció 158% en apenas 12 meses.

Taiano le pidió a Oyarbide que comience por obtener las copias de las declaraciones juradas que el matrimonio presentó ante la Oficina Anticorrupción y la Administración Federal de Ingresos Públicos con respecto a 2008. Pero al librar los oficios, el magistrado amplió su requerimiento a 2007.

"La idea es cotejar la evolución interanual y verificar si lo declarado en 2008 muestra la correlación suficiente con la rendición del año anterior", indicó una fuente de Comodoro Py a LA NACION con acceso al expediente 9423/09. "Es necesario entender 2007 para evaluar 2008", argumentó. La difusión pública del incremento patrimonial suscitó una ola de presentaciones judiciales, aun cuando la mandataria afirmó que "pocas declaraciones juradas están tan claras en Internet".

El abogado Enrique Piragini radicó una denuncia. A esa se sumó un pedido de los legisladores de la Coalición Cívica en la investigación por la presunta asociación ilícita que encabezaría Néstor Kirchner, y, por último, el abogado Ricardo Monner Sans, que le pidió al juez Rodolfo Canicoba Corral que reabriera su investigación por la declaración jurada de 2007.

Canicoba Corral rechazó el planteo de Monner Sans y mantuvo archivado el expediente. Sostuvo que lo declarado en 2008 "resulta ser un nuevo hecho, posterior y ajeno" a su investigación. Así se lo comunicó también a Oyarbide, que avanzó con su propia pesquisa, junto a Taiano y a raíz de la denuncia de Piragini por el "descomunal incremento patrimonial" de los Kirchner, que estimó que podría constituir el delito de enriquecimiento ilícito.

Las declaraciones juradas de los Kirchner muestran, por lo pronto, algunas aparentes inconsistencias. Entre ellas, cuando la Presidenta estimó el valor total del hotel Los Sauces, en El Calafate, en casi $ 825.000, mientras que su marido lo valuó en su declaración en algo más de 4,3 millones de pesos.

"Diario de mañana"

De esas mismas declaraciones juradas surge que, el año pasado, los Kirchner vendieron gran parte de sus propiedades en Río Gallegos y orientaron todas sus inversiones hacia El Calafate. Allí adquirieron otro hotel, por medio Hotesur SA, en cuyo directorio figuran el apoderado de Lázaro Báez, Roberto Saldivia, y el asesor inmobiliario de Cristóbal López, Osvaldo Sanfelice, empresarios patagónicos señalados a su vez en el expediente centrado en la supuesta asociación ilícita que instruye el juez federal Julián Ercolini.

La evolución de los depósitos bancarios de los Kirchner también reflejan un crecimiento sustancial. En 2003 eran de $ 5,8 millones, pero en su último reporte superaron los $ 32 millones. El rendimiento de esos plazos fijos no podía ser mejor: tanto en pesos como en dólares, la tasa de interés superó el 17 por ciento.

"A primera vista, puede decirse que la declaración jurada fue hecha por el contador, pero con el «diario de mañana»", ironizó una segunda fuente judicial ante LA NACION. "Se movió entre pesos y dólares, y en la compra y venta de bienes siempre en el mejor momento posible para obtener el mayor rédito de cada operación", planteó.

La firma del contador como fedatario de la exposición patrimonial de los Kirchner podría, de probarse un enriquecimiento ilícito, acarrearle problemas al profesional. Desde una investigación penal autónoma hasta la pérdida de su matrícula, indicaron dos de las fuentes judiciales consultadas, que remarcaron, por separado, la relevancia de esa firma al pie de la declaración jurada.

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