Invertirán $ 30 millones en seguridad sin licitación

Autorizan al Poder Ejecutivo a comprar equipamiento mediante contratación directa con los fondos no reintegrables que enviará la Nación. Los alperovichistas dijeron que urge emplear el dinero. Sus adversarios políticos cuestionaron la mecánica para ocupar los recursos.
El Poder Ejecutivo fue autorizado ayer por la Legislatura para gastar $ 30 millones en el Programa Integral de Protección Ciudadana, en dos tramos de $ 15 millones, que serán destinados a la actualización y mejoramiento tecnológico de la Policía. Se trata de fondos nacionales no reintegrables.

La iniciativa fue respaldada por el oficialismo y sus aliados. Cuatro opositores (Luis Bussi apoyó la ley) rechazaron la norma porque prioriza la compra directa (con la única obligación de pedir tres cotizaciones de precios y de propuestas) en vez de la licitación pública.

El peronista Daniel Heredia aseguró que el programa implicará un enorme salto de calidad, con zonas seguras para los ciudadanos. "Permitirá evitar o esclarecer delitos, y los delincuentes serán casi inmediatamente detenidos o quedarán registrados en videos. La Justicia tendrá nuevos medios para cumplir su labor", aseguró.

Heredia resaltó que Tucumán será la primera provincia donde se establecerá este mecanismo, ya que en Mendoza está demorado por trabas en la licitación. Acá, en cambio, se utilizará el mecanismo de excepción de la adquisición directa. "Nos sorprende que haya legisladores que se opongan. Se hará un cotejo de proyectos, no se comprarán bienes en forma aislada, porque el programa comprende muchos aspectos. Hay opiniones malintencionadas", protestó.

Contrapuntos

Carlos Canevaro (Unión Norte Grande) aseveró que este asunto es uno de los principales reclamos ciudadanos y una demanda insatisfecha por parte del Estado, pese a las inversiones realizadas y a la designación de personal policial. Además, cuestionó el garantismo de los jueces, que deriva -aseguró- en la impunidad.

Distinta es la visión de los opositores. El radical José Cano advirtió que este plan, por sí solo, no modificará las condiciones de seguridad. Recordó que ya está vigente, porque fue firmado en mayo por el gobernador, José Alperovich, con el entonces jefe de Gabinete de la Nación, Sergio Massa. "Lo que se está votando es autorizar al PE a hacer uso discrecional del dinero", señaló. El mismo argumento fue utilizado por Esteban Jerez, quien explicó que, por ese motivo, no debía votarse la ley.

Sin embargo, Víctor Lossi aclaró que el convenio no está en marcha porque falta, precisamente, la ratificación parlamentaria. Roberto Palina, en tanto, afirmó que es fácil seguir los valores de lo que se comprará por Internet y aseveró que disminuirá la inseguridad con la sola instalación de las cámaras.

Cuestionamientos

"El qué se quiere hacer es muy bueno, pero el cómo debería acompañarlo. Estamos convencidos de que hace falta un programa de seguridad, que hoy no existe. Se tiene que ir el ministro Mario López Herrera", se quejó Ricardo Bussi. El líder de FR reivindicó la licitación pública como norma general constitucional para la adquisición de bienes, a diferencia de lo previsto en la ley aprobada.

El laborista Osvaldo Cirnigliaro consideró que es equivocada la estrategia empleada desde el Gobierno: "el problema de seguridad es también de la Justicia y del sistema correccional, y nada se hace en este aspecto; antes que traer esta propuesta, deberían haber anunciado los nombres de los asesinos de Paulina Lebbos, sobre lo que hay muchas versiones".

Reivindicaciones

El oficialista Armando Cortalezzi admitió que hay aspectos que coordinar con el Poder Judicial, pero apoyó la iniciativa. "Un día que se pierde es una atrocidad que comete algún delincuente en esta creciente ola de violencia", sentenció.

"Lo importante es la prevención -intervino Gregorio García Biagosch-. La sospecha es un manto que se arroja sobre este plan, cuando se quiere que sea práctico y operativo porque los bienes están en dólares". José Teri calificó de asombrosas las críticas opositoras y defendió la compra directa para dar soluciones rápidas.

"Esta ley sólo complementa una política de Estado. Este Gobierno y esta Cámara elevó las partidas para esta materia en $ 50 millones en pocos años, y en $ 44 millones para la Justicia. Hay una sensación de inseguridad en todo el país, que relegó la falta de trabajo a un segundo plano", remarcó Roque Alvarez, titular de la bancada Tucumán Crece, aunque aclaró que la percepción en Tucumán es menor que el promedio nacional.

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