La inundación en Tartagal recuerda el riesgo en que viven barrios mendocinos

La diputada Amalia Monserrat dialogó con Radio de Cuyo sobre el trabajo que se realiza en la Cámara Baja sobre el proyecto de ley de uso del suelo. Mencionó que ante la falta de tal norma se perdieron valiosos terrenos para ubicar barrios o se instalaron en lugares que no corresponde.
“Hemos perdido hectáreas cultivables por realizar emprendimientos de vivienda y esto sólo por darle un ejemplo, o colocar barrios donde no corresponde y sufrir riesgos como lo ocurrido en Tartagal” dijo esta mañana la diputada cobista Amalia Monserrat, presidenta de la Comisión de Ambiente, al dialogar con el periodista Marcelo Torrez sobre la tarea que realizan sobre el proyecto de le Ley de Uso del Suelo.

Aclaró que “un poco hay que aclarar que en esta ley nosotros estamos en una etapa. El ordenamiento territorial podemos dividirlo en tres etapas: la legislación, la planificación y la ejecución. Para que no haya confusiones porque pensamos que con esta ley ordenaremos mágicamente el territorio y esto no es así, porque una vez que esta ley esté sancionada vendrán las etapas más complicadas donde deberá ponerse mucho empeño, justamente la de planificación, la administración y el control. Lo que nosotros estamos viendo y estamos convencidos es revisar como corresponde desde la Legislatura y atender a aquellos sectores que tengan algo que decir o aportar a esta media sanción del Senado lo más rápidamente posible, si bien esta ley ha demorado, hacerlo rápido no significa hacerlo mal y sin escuchar a quienes saben y no están de acuerdo con algunos puntos medulares”.

“Esta ley es para lograr el desarrollo de algunas regiones de la provincia y organizar el territorio para que no esté pasando lo que pasa. Hemos perdido hectáreas cultivables por realizar emprendimientos de vivienda y esto sólo por darle un ejemplo o colocar barrios donde no corresponde y sufrir riesgos como lo ocurrido en Tartagal. Entonces acá nosotros debemos tener claro que habrá dos planes de ordenamiento, uno el plan de ordenamiento territorial provincial que será el modelo de territorio en toda la provincia y la zonificación que dará el Gobierno provincial y lo que se llaman recursos mínimos. Es decir, que la provincia dice en esta zona esto no se puede hacer y luego vendrán los planes de ordenamiento de los municipios que los aprueban los Concejos Deliberantes”.

- ¿Ahora el primer paso de la ley está definido, es decir cuáles serán las condiciones mínimas que se tendrán que respetar?

- “No, es una ley marco, enunciativa, es una ley que tiene muchos capítulos que hablan del ordenamiento territorial de forma enunciativa. No nos olvidemos que esta ley tuvo un fracaso en la gestión pasada porque fue muy discutida y muy censurada por los niveles académicos, entonces en el 2006 se le encargó a la UNCuyo que haga un anteproyecto que se hizo muy bien, con mucho trabajo y en base a eso es que se ha hecho este proyecto. Por eso le digo que acá hay algunos ejes de discusión, uno la autoridad de aplicación y el otro cuál sería el rol de los municipios porque ellos piensan que tienen su autonomía. Esta no es una situación fácil porque más allá que tengamos un plan de ordenamiento provincial la provincia está dividido en 18 jurisdicciones y cada una irá ordenando su parte. Entonces en muchos aspectos los municipios deberán acordar entre ellos porque están pegados y algunos se peleaban por quien iba para un lado y quien para el otro, esto no podrá pasar”.

- Ayer me llamó la atención un punto, la discusión giró en torno a quién le pagaría al equipo técnico.

- “Me parece que esto fue mal interpretado, ayer se invitó a Mario Salomón porque él es un investigador del IADIZA y además es un profesor de post grado de la UNCuyo. Es decir que es un hombre que tiene mucho conocimiento. El plantea en primer lugar que en Mendoza no hay un balance hídrico, no existe, no sabemos la cantidad de agua que tenemos en la provincia”.

- Pero tenemos entendido que había un trabajo del Instituto Nacional del Agua que tiene su sede en Mendoza.

- “Claro, pero quien debe hacerlo por ley es el Departamento General de Irrigación. Salomón decía que si no sabemos qué cantidad de agua tenemos, cómo vamos a distribuir el territorio. Eso es algo fundamental para los mendocinos no sólo para saber qué agua destinaremos a riego, sino también a agua potable. Este es un dato que él pedía que se estudiara. Además dijo que hablar de secano no era correcto, sino que más bien había que hablar de zonas no irrigadas. Hay temas que parecen menores pero no son tan menores a la hora de interpretar una ley. En el marco de este análisis se cambia y se habla de un consejo asesor. Lo que nosotros vemos que está anunciado como un cuerpo colegiado que no tiene atribuciones, esto queda para la reglamentación, entonces ese cuerpo está formado por 10 funcionarios del Ejecutivo, por los municipios y por cinco del sector científico. Si bien consideramos que no será vinculante en la planificación debe tener atribuciones. La ley dice que en 12 meses deben estar aprobados los planos de ordenamiento territorial. Para quienes hemos estado en la gestión sabemos que 12 meses es poco tiempo para un trabajo de esta envergadura. Por eso le hemos planteado a la Universidad que no iremos por ese camino. Si bien estamos de acuerdo que el órgano de aplicación será la Subsecretaría de Ambiente, en esta reglamentación hay que darle un lugar a los especialistas para que hagan esta planificación que sea ordenada y luego que sea el sector político quien tome finalmente las decisiones”.

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