La intolerancia manda

Por Nelson Castro.

Las conversaciones son cada vez más frecuentes. No es novedad que muchos intendentes justicialistas de la provincia de Buenos Aires hablan a diario con Eduardo Duhalde.

En esas charlas le expresan tanto el desamor que sienten hacia Néstor Kirchner como la sumisión que le profesan, producto del temor a un castigo que los deje sin caja y, por lo tanto, sin gestión y sin poder. Alguien que supo trabajar a su lado razona así: "La decisión de Duhalde está y se va a ir consolidando. Al ex presidente lo obsesiona la idea de regenerar un ámbito de buena convivencia política entre los distintos partidos. Por eso el jueves próximo va a compartir la apertura del coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) con Rodolfo Terragno. Ahora, desde el punto de vista partidario, su primer objetivo es la reconstrucción del justicialismo bonaerense. Después vendrá el despliegue de esa misma acción en el ámbito nacional. Imagina que con Néstor Kirchner como candidato, el peronismo no tiene ninguna chance de ganar las elecciones presidenciales de 2011; pero lo preocupa aún más el hecho de que, ante esa eventualidad, Kirchner quede posicionado como jefe de la oposición. En ese caso, piensa que la gobernabilidad para la futura administración sería difícil; y si el nuevo presidente fuera Cobos, directamente imposible".

Por estos días, uno de los principales motores que ayuda al crecimiento de la opción Duhalde es la ausencia cada vez más notable de Carlos Reutemann.

"¿Dónde está?", es la pregunta que se hacen muchos de los que quieren seguir apoyándolo, quienes ven con preocupación cómo, en la provincia de Santa Fe, dirigentes que aún están a su lado están comenzando a pensar en nuevos horizontes políticos. Ahí, entonces, aparecen no sólo Eduardo Duhalde sino también Felipe Solá y Francisco de Narváez.

Todas las iniciativas que viene impulsando en forma frenética el Gobierno nacional están orientadas a un solo objetivo: la reelección de Néstor Kirchner. Hay que reconocer que, hasta aquí, el Gobierno viene ganando. La aprobación de la Ley de Medios y del presupuesto son muestras indiscutibles de ello.

En ese sentido, vale la pena hacer hincapié en el acápite del presupuesto que contempla la distribución de 1.500 millones de pesos entre organizaciones sociales con el objetivo de crear 100 mil puestos de trabajo. El detalle, no menor por cierto, de que esto será manejado por los intendentes afines al kirchnerismo le da a la iniciativa un olor a clientelismo político que apesta.

En tren de lo electoral, el próximo instrumento que el Gobierno está queriendo imponer es el de la ley de reforma política. Hagamos aquí un poco de historia.

La Ley Orgánica de los Partidos Políticos lleva el número 25.611 y fue sancionada durante la presidencia de Eduardo Duhalde el 4 de julio de 2002, a modo de respuesta a la profunda crisis política que en aquel tiempo quedó resumida por la frase "que se vayan todos". La ley fue aprobada por 152 votos a favor, habiendo 34 en contra. La norma la votaron positivamente justicialistas, cavallistas, frepasistas y radicales; en tanto que los que se opusieron fueron Autodeterminación y Libertad, el ARI, Izquierda Unida y los partidos provinciales.

La ley establecía, entre otras cosas, que los candidatos a presidente y vice de la Nación, senadores y diputados serían elegidos en comicios internos, abiertos y simultáneos para los que se utilizaría el padrón electoral nacional, con una campaña que no podría durar más de un mes y con una restricción sobre la publicidad electoral que no podría ser emitida por más de diez días.

Lo curioso del episodio fue que la ley nunca se aplicó ya que, una vez promulgada, se le pidió a la Justicia Electoral la suspensión por "única vez" de la norma. Esto ocurrió en las elecciones de abril de 2003.

Esta fue una maniobra elaborada por Duhalde y destinada a perjudicar a Carlos Menem, quien hubiera sido el seguro ganador de esa interna.

El mismo Néstor Kirchner, que hoy se muestra, junto a su esposa, como fervoroso impulsor de la reforma política, suspendió también la aplicación de la Ley 25.611 en 2005 y, para las elecciones de 2007, directamente la hizo derogar a través de un proyecto de ley que fue aprobado mayoritariamente por ambas cámaras del Congreso.

No hay duda de que la Argentina tiene la necesidad imperiosa de regenerar un sistema de partidos políticos bien consolidados, sin los cuales no hay posibilidad de implementar ningún proyecto.

Las internas son instrumentos esenciales para propender a esa consolidación. Estos son ítems indiscutibles.

El problema surge, otra vez, con las reales intenciones del matrimonio Kirchner. ¿Por qué es que ahora se muestran tan "entusiasmados" con impulsar una reforma que contiene muchas de las disposiciones que antes derogaron? ¿Por qué tanto apuro?

La verdad es que Néstor y Cristina Kirchner propulsan esta reforma como respuesta a la derrota del 28 de junio pasado.

Con esta ley, lo que buscan es un instrumento que los ayude no a convencer sino a someter. Esta iniciativa pide a gritos niveles de consenso que ni hoy ni nunca los Kirchner pretendieron lograr.

Hoy se expande sobre la Argentina el germen de la intolerancia. Hay una repetición de prácticas violentas que inquietan.

Lo sucedido al senador Gerardo Morales, presidente de la Unión Cívica Radical, en San Salvador de Jujuy; la manifestación de repudio a su persona encabezada por el piquetero oficialista Luis D’Elía, flanqueado por Fernando Esteche, el líder de Quebracho, una organización paradigmática de la intolerancia y la violencia, y la toma del Concejo Deliberante de la ciudad de Mar del Plata dan testimonio de un crescendo peligroso.

Son todos hechos tan repudiables e inquietantes como los escraches que debieron sufrir alguna vez el diputado Agustín Rossi, jefe del bloque del Frente para la Victoria, el diputado oficialista Carlos Kunkel o el gobernador Daniel Scioli. La sociedad reclama poner un freno a esto.

El tema de la distribución de fondos destinados a la ayuda social a través de organizaciones sociales afines al Gobierno es muy delicado. Es un hecho que, a la larga o a la corta, esta metodología presenta el riesgo de derivar en conductas clientelares. ¿Con qué criterio se les da a unos lo que se les niega a otros? ¿Será sólo el criterio de la eficiencia? ¿Por qué es que organizaciones sociales encabezadas por líderes que tienen posiciones críticas al Gobierno quedan excluidas de esa ayuda? ¿Qué va a pasar el día que haya otro gobierno que pretenda encarar la ayuda social de manera diferente?

La semana ha dejado en posición maltrecha al gobierno de Mauricio Macri a causa del episodio suscitado con el ex integrante de la Policía Federal Ciro James, quien se encuentra encarcelado, acusado de llevar adelante tareas de espionaje contra Sergio Burnstein, cuya esposa falleció en el atentado contra la AMIA, y Carlos Avila, el ex propietario de TyC y el canal América.

La situación es delicada para el gobierno municipal, sea que haya existido quien, desde su interior, montó un operativo para espiar al Sr. Burnstein durante el tiempo en que éste criticó duramente la postulación del comisario Jorge "Fino" Palacios como jefe de la Policía Metropolitana, sea que el gobierno de Macri haya sido sorprendido por una operación de inteligencia tendiente a minar las bases de esa nueva fuerza de seguridad. Las explicaciones del ministro de Educación, Mariano Narodowski, y sobre todo las de su colega de Seguridad, Guillermo Montenegro, fueron de una endeblez pavorosa. En el caso de éste, además, algunas de sus afirmaciones fueron desmentidas por el hasta ahora jefe de la Policía Metropolitana, comisario Osvaldo Chamorro, quien afirmó que conocía los antecedentes de James como miembro de la Policía Federal y que esto constaba en su solicitud de ingreso, cosa que Montenegro había negado.

"Yo se lo presenté a Chamorro" reconoció ayer, en un reportaje a La Nación, el comisario Palacios. Más claro, agua.

Es un secreto a voces que tanto en el Gobierno nacional como en la Policía Federal están que trinan con la Policía Metropolitana.

La nueva policía va a tocar cotos que hasta aquí han sido exclusivos de la Federal. Un conocedor de ese submundo lo confirma para agregar que "el amateurismo de Macri, tanto con la designación de Palacios, insostenible por su delicada situación judicial en el caso de la AMIA, así como también por la forma de manejar este hecho, no deja de sorprender".

La situación del comisario Palacios y la de Chamorro es posible que se complique en los próximos días, si es que se confirma la versión que dice que el juez federal Norberto Oyarbide, a cargo de la causa, piensa procesarlos.

En países con otra jerarquía institucional, un hecho como éste terminaría con las renuncias de los ministros Montenegro y Narodowsky, y del comisario Chamorro.

Hablando de complicaciones, también es de cuidado la posición del presidente de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, quien perdió la oportunidad que tuvo de, por lo menos, hablar con la verdad cuando decidió salir a descalificar la información sobre el bochornoso vuelo AR 1204 en el que, junto a otros amigos del poder, viajó a Montevideo para darse el gusto de ver ganar a la Selección de la Argentina frente a la de Uruguay por 1 a 0. Pudo haber dicho la verdad y pedir disculpas.

En cambio, se empeñó en señalar que estaba indignado, que un vuelo con una ocupación de 41 asientos sobre 146 había dejado una rentabilidad de 10 mil pesos y que el valor del pasaje había sido de 100 dólares. Hoy ya se sabe que, para ser rentable, un vuelo como el que abordó Recalde necesita una ocupación mayor a la que se registró, que el vuelo tuvo una espera en el aeropuerto de Montevideo insólita para un servicio regular y que, más que ganancias, lo que quedó para la compañía fueron pérdidas.

Como lo reconocían, con bronca, varios trabajadores históricos de Aerolíneas, "no hemos llevado adelante la lucha de todos estos años para rescatar la compañía de la desastrosa administración del grupo Marsans para que después pasen estas cosas que nos indignan y nos dañan".

Ante este cuadro, a Mariano Recalde le debería aguardar, también, la inexorabilidad de la renuncia.

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