Se trata del juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, José Gerardo Ruiz, quien representa nada menos que a los jueces dentro del Consejo de la Magistratura.

El concurso para fiscal ante la Corte 2, es por estas horas blanco de constantes presiones mediáticas por parte del ex gobernador, Juan Carlos Romero, quien pretende ese cargo para Casali Rey, a quien intenta presentar como un candidato del Poder Ejecutivo.

La estrategia de Romero, a través de su diario, comenzó hace varios meses con una serie de notas tendientes a desprestigiar al Consejo de la Magistratura por los procesos de selección de jueces y fiscales, aunque su único objetivo fue en todo momento amedrentar a algunos integrantes y desgastar la institución.

En el supuesto de que Romero sea procesado, una apelación a ese fallo llevaría el caso a la Corte de Justicia, donde el ex gobernador ya no cuenta con la suficiente cantidad de jueces proclives a sus intereses, por lo que la única vía para hacer caer el procesamiento quedaría en manos del fiscal ante la Corte, cargo que Romero quiere ocupar con un hombre de su entorno.

El fiscal ante la Corte posee la potestad acusatoria en el proceso, la cual puede relegar con un simple dictamen y de esa manera hacer todas las causas, pues el efecto en una causa repercutirá en todas las otras acusaciones.

El diario del ex gobernador trató de virar el eje informativo de este caso para evitar mayores daños a la figura de Casali Rey y la “real” razón de por qué Romero lo quiere en el cargo de Fiscal ante la Corte. Lejos de referirse a esa cuestión, volvieron sobre la figura del Procurador General, Pablo López Viñals.

A través de su diario, Romero lleva adelante una encarnizada campaña de desprestigio contra López Viñals, a quien en este concurso intenta exponer como el hombre que maneja los hilos dentro del Consejo de la Magistratura y en especial en este concurso.

Restar chances

De esta manera, Romero busca restarle chances a la principal aspirante para ese cargo, la abogada Patricia Di Paolo, a quien vincula directamente con López Viñals. Pese a ello, llama la atención que el arco romerista pretenda hacer creer la influencia del Procurador, cuando éste se excusó de ser parte de la mesa examinadora en este concurso. Lo mismo hizo el presidente del Consejo, el juez de Corte, Guillermo Díaz, quienes no negaron su amistad con Casali Rey, y cumplieron con ello el reglamento institucional de inhibirse en caso de amistad, caso contrario podrían ser pasibles del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.

Esta premisa, sin embargo, no fue seguida por Ruiz, quien a sabiendas  de que su relación de amistad con Casali Rey data de cuando eran estudiantes, obvió hacerse a un lado. Trascendió en los pasillos de la Ciudad Judicial que este magistrado le habría asegurado a Casali Rey un buen trato en el proceso, por lo que dan ya por descontado de que este integrante, al igual que el representante por la mayoría de los abogados, Gonzalo Mariño, son funcionales a Romero.

La necesidad de "padrinos" dentro del Consejo es un asunto urgente para Casali Rey, pues el letrado, más allá de haberse desempeñado como fiscal de Estado y haberse ido de ese cargo prácticamente despedido por el gobierno, no cuenta con antecedentes dentro de la justicia.