Intiman a “Estrella” Zabala a defenderse de acusaciones

Diputados provinciales de la Unión Cívica Radical (UCR) intimaron a la fiscal de Estado, a iniciar acciones legales contra los medios locales que calificaron su accionar de “corrupto”. Citaron el Art. 25 de la Constitución Provincial que obliga a promover querella contra quienes la acusan. La funcionaria podría ser destituida si no reacciona.
La fiscal de Estado fue duramente acusada por su accionar en varios frentes, e incluso la postura de la ex jueza encontró el reproche de abogados, asociaciones y dirigentes políticos.

El documento de los radicales fue firmado por Martín Hernández, Dolly Di BIase y María Maglietti, aunque desde el bloque también se aseguró el acuerdo de Ariel González. Sobre la postura de Ricardo Gamarra nada se supo, ya que resultó infructuoso todo intento por contactarlo en las últimas horas. También se ignora la posición sobre el tema de Betty Caja y Peyró.

“Los abajo firmantes, integrantes del Bloque de Diputados de la Unión Cívica Radical, por la presente intiman a la señora fiscal de Estado de la Provincia de Formosa, para que en el perentorio plazo de 48 horas, inicie las acciones legales contra el o los responsables de los medios de comunicación locales, que han calificado su accionar -como funcionaria pública- de corrupto y que además ha sido reproducidos por distintos medios radiales y de información nacional”, describe el primer párrafo de la escueta carta documento.

La posición del radicalismo aparece sustentada en lo por el Art. 25 de la Constitución Provincial que establece que “Todo funcionario o empleado de la Provincia a quien se impute la comisión de un delito de acción pública en el desempeño de su cargo, está obligado bajo pena de destitución, a promover querella criminal contra el acusador y a continuarla hasta la sentencia. Para la tramitación de esta querella, gozará del beneficio del proceso gratuito”.

Además, el referido Art. Agrega que “Los funcionarios y empleados serán personalmente responsables por los daños causados a la Provincia, o a terceros, por extralimitación o cumplimiento irregular de sus funciones”.

El texto alega, asimismo que de no ser concretada la defensa en el plazo requerido, “formularemos las denuncias y acciones que en derecho correspondan”.

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