Intiman a Colombi.

Luego de la intimación del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes al gobernador Arturo Colombi (UCR) y a su ministro de Gobierno y Justicia, Walter Insaurralde, para que den solución a las graves deficiencias que presentan las unidades carcelarias, el Juzgado de Ejecución de Condena de la provincia de Corrientes, a través de su titular María Teresa Zacarías, realizó una nueva inspección.

La gravedad de la situación motivó también la crítica del arzobispo de Corrientes, Andrés Stanovnik, que expresó en una homilía que los detenidos están en una "situación indigna" y que "no puede ser que vivan en semejante ambiente de miseria".

Además, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados visitarán mañana las unidades penitenciarias para verificar las condiciones en que se encuentran los internos.

Fuentes judiciales confirmaron a Télam, que en la recorrida por la Unidad Penitenciaria N§1, la magistrada no advirtió los cambios exigidos y ahora la decisión sobre la problemática está en manos del STJ de la provincia.

El estado de situación de la primera inspección daba cuenta de la existencia de "celdas sin ventanas y sin luz natural, cables de electricidad expuestos, instalaciones sanitarias en mal estado, mal olor".

El informe, que fue enviado al gobernador y el ministro del área que debía revertir las condiciones en que se encuentran los presos, menciona también la escasa circulación de aire en las celdas, el calor excesivo y que algunos alojados no poseen colchones y duermen en el piso.

Además se asegura que muchos internos de la Unidad Penitenciaria "no pueden cubrir sus necesidades básicas de higiene y limpieza". La UP N§1 tiene capacidad para 200 internos y actualmente se encuentran alojados 451.

Debido a esto, el Fiscal General, resolvió "intimar al gobernador de la provincia, Arturo Colombi y al ministro de Gobierno y Justicia, Walter Insaurralde, para que el plazo de 60 días adopten las medidas conducentes que pongan fin a la situación que se vive en las unidades carcelarias y policiales de la provincia de Corrientes".

"Y que hagan cesar toda eventual situación de agravamiento de detenciones que importen un trato cruel, inhumano y degradante o cualquier otro susceptible de contrariar los artículos 18 y 72 de la Constitución Nacional", expresa textualmente la acordada.

Transcurrido el lapso dispuesto, se realizó otra inspección del Juzgado de Ejecución de Condena, que no visualizó cambios en los establecimientos penitenciarios y ahora se espera una nueva resolución del Superior Tribunal de Justicia.

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