La decisión de las farmacias bonaerenses de cortar – hasta el próximo martes- la provisión de tiras, insulinas y medicamentos provistos a través de la resolución 337, a los afiliados de PAMI, motivó la intervención del Defensor del Pueblo Adjunto en Derechos Humanos y Salud de la Provincia, Marcelo Honores, que solicitó una reunión con “carácter urgente” al interventor de la obra social, Sergio Cassinotti, para plantear la “gravedad” del caso y sus efectos sobre la salud de los jubilados.

La medida adoptada por el Colegio de Farmacéuticos, que hasta ahora no prevé la suspensión total de la atención a los afiliados de la obra social, se extenderá hasta el próximo martes inclusive, pero de no mediar una solución en esa fecha, amenaza con extenderse en el tiempo.

La Defensoría, a todo esto, buscará mediar entre los profesionales y el PAMI, para evitar que el conflicto se profundice. Básicamente intentará reencauzar una negociación directa entre las partes que está “trabada” y que derivó en la medida de fuerza que afecta a miles de afiliados bonaerenses.

Desde el Colegio afirmaron, mediante un comunicado que “resulta imposible seguir sosteniendo la prestación al PAMI con los descuentos que publicita la obra social a costa de los farmacéuticos”.

La entidad remarcó que el sector farmacéutico “está obligado a financiar todo el sistema, a pesar de ser el eslabón más débil de la cadena de dispensa del medicamento y el único sector profesional con agentes sanitarios al servicio de la población”.

“En este contexto inflacionario los atrasos en los pagos desde el mes de abril afectan a profesionales y pacientes. El PAMI no quiere revisar el convenio firmado a comienzos de 2018, en condiciones económicas completamente diferentes”, concluye el comunicado oficial del Colegio de Farmacéuticos bonaerense.