La intervención excesiva fue parte del problema

Por Hernán de Goñi

El Gobierno puso en tela de juicio la responsabilidad con la que actúan las empresas distribuidoras de luz de la zona metropolitana. Consideró que el elevado número de quejas recibidas de parte de usuarios que mostraban un aumento excesivo del consumo podía responder a una acción intencionada. Y hasta planteó que ese hecho podía motivar la rescisión de los contratos de concesión.

Si esta situación se diese en un marco en el que los privados tuviesen margen para actuar con extrema libertad, el planteo podría resultar atendible. Pero en los hechos, desde 2001 a la fecha los servicios públicos han sido forzados a operar con reglas altamente discrecionales.

A esta altura del partido, el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) no debería tener dudas sobre cómo se elabora la facturación de las empresas, ya que las audita trimestralmente. Cuando se dudaba de la veracidad del consumo, la hipótesis más común era que algún usuario "frenara" el medidor con algún artilugio. Nadie imaginó que se pudiera acelerar un mecanismo electrónico.

Hoy la respuesta oficial es incrementar aún más la intervención de los reguladores. Lo que debería tenerse en cuenta es que el Estado al que se le pide una solución es el mismo que fue parte del problema.

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