Interrogantes sobre Somica que abren la investigación de Capillitas

La investigación sobre Minas Capillitas plantea dudas con respecto al rol que cumplió la empresa mixta Somica como socia de los privados.
La investigación que reabrió la Cámara Federal de Buenos Aires por la usurpación del predio de Minas Capillitas por parte de las empresas Víctor Contreras SA y Minera Andina reabre los interrogantes sobre el rol que tuvo el Estado provincial en su calidad de socio de Somica Dem. Es que las empresas bajo la lupa de la Justicia Federal fueron las primeras que firmaron contratos con la firma para explorar y explotar el área ubicada en Andalgalá, que pertenece a Fabricaciones Militares.

Según la investigación, las empresas asociadas a Somica estuvieron dedicadas a la explotación de rodocrosita en territorio provincial entre 1991 y 2007. Y durante ese período no hubo ningún tipo de control sobre su actividad.

Es más, Somica fue disuelta en 1997 y la rodocrosita siguió explotándose. De tal modo, uno de los interrogantes centrales pasa por determinar si la Provincia obtuvo algún beneficio por la explotación de su rodocrosita. Y, si no los tuvo, quién o quienes son los responsables de esta situación.

En 2004, el Gobierno reactivó la liquidada Somica. Y en febrero de 2008 la empresa firmó un nuevo acuerdo para la explotación de Minas Capillitas, que igualmente tercerizó en otra empresa: Minera Dolphin. De todos modos, las cosas no cambiaron demasiado, porque la extracción de la rodocrosita no deja regalías a la Provincia ni tampoco utilidades.

Además, los términos del acuerdo que Somica tiene con Minera Dolphin para la explotación de la rodocrosita son desconocidos y las autoridades se niegan a revelarlos.

El mismo historial empresario de Somica est{a signado por la controversia y los puntos oscuros. Se trata de una empresa mixta, creada en 1986, con el objeto de promover el desarrollo de la minería. El Estado contribuyó a su conformación con el aporte de capital de la zona minera de Cerro Atajo, lo que constituyó el 51% del paquete accionario, en tanto que el 49% restante sería aportado por el sector privado.

Pero en 1997, un decreto del gobernador Arnoldo Castillo declaró la revocación de los contratos con Víctor Contreras y Minera Andina en razón de su "ilegitimidad". A través de ellos se les había otorgado la concesión para la exploración y eventual explotación de los yacimientos mineros ubicados en los sectores Capillitas y Cerro Atajo.. En 2002, la Corte de Justicia avaló la decisión de Castillo. Todo esto significa que el Estado provincial fue protagonista de aquellos acontecimientos, al menos hasta 2002, cuando se produjo la liquidación definitiva de Somica Dem y Cerro Atajo regresó al patrimonio del Estado provincial.

Durante todo ese tiempo y hasta 2007, según surge de la investigación federal, Víctor Contreras y Minera Andina continuaron ocupando el predio de Minas Capillitas y lucrando con la explotación y comercialización de rodocrosita, un recurso de la Provincia.

Incluso lo hizo después de que la disolución de Somica quedó firme por sentencia de la Corte de Justicia local en 2002

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