Interpondrán un recurso de revocatoria

El presidente del Colegio de Abogados, Eudoro Aráoz, adelantó ayer a LA GACETA que la institución interpondrá un recurso de revocatoria contra el fallo de la sala II de la Cámara en lo Contencioso-Administrativo.
Además confirmó que el constitucionalista Alberto Bianchi presentó ayer en la Corte Suprema de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad de la Ley 8.136 (de cobertura de vacantes en el Poder Judicial), por entender que la Justicia de Tucumán corre el riesgo de convertirse en rehén de los poderes políticos.

Mañana, en Buenos Aires, Aráoz planteará “la crisis institucional que se avecina”, ante la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), según anticipó.

Como se sabe, ayer, la Justicia dispuso que no era procedente el recurso de la entidad profesional, que solicitó que se suspenda la ejecución de la Ley 8.136 por considerarla inconstitucional. Por esta norma, el Poder Ejecutivo inscribe a interesados en acceder a la Justicia. De la nómina de postulantes, el PE propondrá candidatos para los puestos vacantes.

Ante la corte nacional

Tal como lo adelantó el martes, ayer el Colegio de Abogados cuestionó ante la Corte de Justicia de la Nación la norma de Subrogancias por entender que no existe un mecanismo de selección previo que asegure la idoneidad de los postulantes. Bianchi, en su escrito, solicitó que se dicte una medida cautelar para que se suspenda el nombramiento de interinos.

Según el documento, los abogados entienden que la polémica Ley 8.136 contraviene a la Constitución nacional en cuanto declara en emergencia al Poder Judicial, lo que implica una interferencia de un poder sobre el otro.

También advierte que la norma se superpone con mecanismos a los que recurre la Corte de la Provincia para cubrir vacantes, tal como sucede en el ámbito de la Cámara en lo Civil y Comercial Común.

Bianchi destacó que si el tema se analiza en la provincia se corre el riesgo de que el Poder Judicial se transforme en un rehén de los poderes políticos locales. Añade que nada asegura que una nueva sentencia, “salvo que sea favorable a las conveniencias del gobernador, será acatada”.

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