El de los módulos adicionales que cobraban nueve funcionarios políticos fue el último tema que se abordó el lunes por la noche en la interpelación. El secretario de Gobierno, Mauro Grandicelli, y el subsecretario de Legal y Técnica, Emanuel Barrionuevo, respondieron sobre este punto específico. Sus respuestas no conformaron a los concejales. La sesión, que se extendió por casi siete horas, terminó con la decisión de conformar una comisión investigadora que profundice en cada uno de los hechos objetados por el Concejo Deliberante.
Al cabo de esas casi siete horas, cuando se retiraron del recinto Grandicelli y los pocos funcionarios que a esa hora de la madrugada quedaban acompañándolo (cerca de las 3 de la mañana), los concejales fueron a un cuarto intermedio.
Minutos después, retomaron la sesión e informaron que decidieron tomarse cuatro días para, en el marco de la Comisión de Interpretación y Legislación, conformar una comisión investigadora que, justamente, profundice la investigación de los hechos que motivaron la interpelación.
Los sobresueldos
Este diario informó en su edición de ayer el desarrollo de los tres primeros puntos de la interpelación. Por todas ellos preguntaron los concejales y recibieron, en general, respuestas vagas explicaciones que dejaron dudas sobre todo en lo que hace al manejo y control de los fondos públicos y de la información también pública.
El último tema que se trató el lunes por la noche fue el de los sobresueldos pagados a funcionarios políticos.
Sobre esto, Grandicelli explicó que el Intendente pidió asesoramiento para otorgar mayor cantidad de módulos a los establecidos por escalafón a aquellos funcionarios políticos que en realidad llevaban adelante una función superior a la que tenían asignada y que dependían directamente de él. Aseguró asimismo que actualmente ningún funcionario sigue cobrando esos conceptos. A grandes rasgos, esa fue su explicación.
Luego, para la parte más técnica del tema, pidió el "auxilio" del secretario de Legal y Técnica Emanuel Barrionuevo, quien básicamente asumió toda la responsabilidad.
Dijo que él fue el que aconsejó al intendente de que estaba bien y que fue el encargado de su instrumentación y de la forma en que se hizo.
Reconoció que los decretos no tienen motivación, esto es una justificación al por qué se otorgaban, y también que se equivocó en no convertir los cargos. Es decir, si un subsecretario cobraba como secretario, debió nombrárselo directamente secretario.
"Entendí que no era necesario", dijo como toda explicación.
No obstante carecer esos decretos de requisitos legales fundamentales, los consideró "válidos", expresión que repitió cuando un concejal creyó escuchar mal y volvió a insistir sobre su consideración.
Algunos casos concretos
Luis Conti fue quién consultó cuál fue el primer decreto que contempló el adicional. "Fue el de quien le habla, como director General de Control Urbano" dijo Grandicelli, reconociendo que el suyo fue el primer decreto de los pagos de sobresueldos.
Tanto el de Grandicelli como el de la ahora secretaria de Desarrollo Social, Olga Pomphile -ambos no dependían directamente del Intendente como se justificó en un primer momento los sobresueldos- no fueron observados por el Tribunal de Cuentas, y sí lo hicieron por otros siete: los de Daniel Puga, Laura Kolman, Diego Evangelista, Lucio Egyptien, Marcelo Carrizo, Sebastián Cañibano y el propio Emanuel Barrionuevo, por los que el Tribunal de Cuentas intimó al Ejecutivo a que presente la ordenanza convalidatoria, de lo contrario se le impondrá una sanción.
Por otra parte, la concejal Cristina Croharé fue quien advirtió la existencia del decreto 139 del 1° de febrero de este año mediante el cual la subsecretaria de Desarrollo Económico, Laura Kolman, volvió a percibir módulos superiores a los que corresponden a su cargo.
Tomando en cuenta la explicación de Grandicelli de que algunos funcionarios políticos los cobraban porque en realidad asumían el trabajo de un rango superior, la pregunta de la edil fue concreta: ¿Cómo justificaba ese pago a la subsecretaria cuando en Desarrollo Económico existe un secretario?. La respuesta, una vez más, fue vaga y sin justificación. Dijo que el Intendente consideró que por las labores desarrolladas, lo merecía.
La misma edil les consultó a los funcionarios si nadie advirtió al jefe comunal que estaba incumpliendo dos ordenanzas, una de 2012 y otra de 2013, mediante las cuales se fijan las escalas salariales.
A esto respondió el secretario de Gobierno, quien dijo que "el señor Intendente pidió asesoramiento al área competente, desde donde se le informó que podía hacerse". El asesoramiento fue el de Barrionuevo, que se encontraba sentado a su lado intentando explicar el pago de los módulos.
La intervención de la concejal Marina fue para preguntarles qué sentían como funcionarios políticos. Grandicelli inmediatamente le dijo "no venimos a contestar ese tipo de cuestiones. No son el objeto de esta interpelación".
Barrionuevo contestó y sostuvo que "siento mucha bronca, porque creo que en realidad esto se ha planteado como un esquema mediático de corrupción".
Más adelante, esa expresión de bronca del funcionario fue tomada por Agustín Carús, quien le dijo al subsecretario de Legal y Técnica "¿usted se imagina la bronca de los trabajadores?", al ver que los funcionarios políticos cobran más de lo que les corresponde.
Comisión investigadora
El bloque del FAP fue el que propuso la conformación de una comisión investigadora ya que las respuestas de los funcionarios generaron más dudas que certezas.
"Desde el Concejo Deliberante podemos profundizar en recabar este tipo de información", dijo su presidente José Cordeviola.
La propuesta fue acompañada por el bloque de la UCR, desde donde Juan Sáenz marcó que "es preocupante que la mayoría de las preguntas no fueron respondidas. Entiendo la necesidad de seguir avanzando en la investigación".
También Unión para el Progreso Social acompañó. Agustín Carús dijo que "vemos que hay transgresiones reiteradas y es necesario que se constituya una comisión investigadora para la valoración de los hechos".
Desde el FpV, Luis Conti propuso que en el transcurso de cuatro días la Comisión de Interpretación y Legislación estudie el tema para darle a la comisión investigadora el marco adecuado. "Hay cuestiones que se deben investigar profusamente", señaló el concejal.
De esta manera, desde ayer el Concejo Deliberante está abocado al estudio y conformación de la mencionada comisión.
EL DATO:
El secretario General de la comuna, Sergio Cedeño, no enfrentó la interpelación como se solicitó desde el cuerpo. A partir de la ausencia del Intendente, los concejales entendieron que, por el cargo que ostenta, debería estar sentado junto a Grandicelli respondiendo las preguntas que llevaran a echar luz sobre los puntos en cuestión. Pero Cedeño prefirió quedarse atrás, sentado junto a otros funcionarios observando desde una tercera fila el desarrollo de la interpelación. Sólo tuvo alguna que otra participación desde el fondo cuestionando algunas de las preguntas que se realizaban.
Mauro Grandicelli, secretario de Gobierno, fue en representación del intendente José Inza que no se presentó a la interpelación. NACHO CORREA
Los concejales no quedaron conformes con las respuestas brindadas por el secretario de Gobierno, Mauro Grandicelli, por lo que se propuso la conformación de una comisión investigadora. NACHO CORREA
LA SALIDA DE LOS CONCEJALES
La sesión terminó a las 3,15 de la madrugada. A esa hora, con una sensación térmica realmente baja en la ciudad, un grupo de funcionarios, trabajadores municipales, algunos militantes, la esposa del intendente Rita Inza y el candidato a concejal Omar Seoane, aguardaban en el pasillo principal del palacio comunal la salida de los concejales.
Con teléfonos celulares en mano para filmar el momento, esperaron haciendo un cordón para que los ediles caminaran por el medio. Al paso de los ediles, tanto del Frente para la Victoria como los de la oposición, cantaron a viva voz la marcha peronista.
Distinto fue cuando salió el presidente del Concejo Deliberante, Alejandro Lozano. Lo hizo acompañado por tres policías de civil. En un momento, sonriendo miró directamente a los ojos a la esposa del Intendente, le deseó "buenas noches" y siguió su camino. El silencio reinó totalmente en ese momento, pero cuando iba bajando las escaleras, otra vez se escuchó la marcha peronista cantada con fuerzas.
Lozano subió a un auto que lo aguardaba ya en marcha y, seguido por un perro que corría y ladraba al vehículo, se fue del lugar.
Otro dato de la salida: cuando se retiraron los concejales Juan Sáenz y José Cordeviola, el candidato a concejal Omar Seoane que seguía apostado allí desde temprano, les reclamó que pusieran en blanco a los trabajadores rurales.
Mientras todo esto pasaba, según se comentó el jefe comunal estaba en su despacho. Es más, se dijo que permaneció ahí todo el tiempo siguiendo el desarrollo de la sesión a la que había sido citado para interpelarlo.
LA AUSENCIA DEL INTENDENTE
La ausencia del Intendente el lunes por la noche, realmente, sorprendió. Si bien oficialmente no se había informado su presencia, todo apuntaba a que José Inza iba a concurrir personalmente a dar las explicaciones sobre sus actos de gobierno que están siendo objetados por el Concejo Deliberante.
Pero no fue así. Cuando todos en el recinto esperaban su presencia, fue el secretario de Gobierno, Mauro Grandicelli, el que asumió su representación y quien durante las siete horas que duró la interpelación intentó desligar de la figura del Intendente toda responsabilidad sobre los hechos presuntamente irregulares que motivaron este nuevo llamado al recinto.
Es un hecho inédito la no concurrencia de un jefe comunal a una interpelación. En lo que va de la vuelta a la democracia, los ex intendentes Héctor Rodríguez y Juan Barberena se hicieron presentes y respondieron todas las preguntas cuando se los convocó. Incluso el propio Inza fue en noviembre del año pasado a dar las explicaciones por la licitación de la tercerización del cobro de tasas municipales vencidas.
No se supo el lunes mismo por qué esta vez decidió lo contrario. Más aún cuando el fin de semana hizo llegar a los medios locales -a través del correo electrónico de prensa municipal- la nota de opinión "Mi mensaje luego de sólo 20 meses de gestión".
Textualmente, la comenzó de la siguiente manera: "En la vida hay momentos para trabajar intensamente y momentos para descansar; también momentos para escuchar y reflexionar, y finalmente instancias en las que debemos expresarnos con toda claridad, para contribuir a instalar en la comunidad una acertada interpretación de los hechos".
Luego de la enumeración de algunas acciones de gobierno, en la nota hizo fuertes consideraciones en lo que hace a la vida institucional y a la democracia azuleña, considerando que están "bajo amenaza" y apuntando directamente a "difamaciones, calumnias, e injurias; operaciones de desprestigio de carácter conspirativo que involucran a concejales, gremialistas, agitadores y actores mediáticos" … que "tratan de mancillar mi honra y mi honestidad".
Por último, el jefe comunal escribió: "Ha llegado el momento de expresarse, de hablar y de escribir… Tengo para decir muchas verdades, y ha llegado el momento de hacerlo, pero también creo que es momento de reflexionar en calma, y abordar un diálogo constructivo y democrático, en un marco de armonía y tolerancia".
Lamentablemente, el lunes por la noche cuando tenía una inmejorable oportunidad de expresarse y la ciudadanía de escucharlo, el Intendente prefirió delegar su representación y su voz, más allá de que ayer dio nota a algunos medios.
QUÉ DICE LA LOM SOBRE LA COMISIÓN INVESTIGADORA
El capítulo X de la Ley Orgánica de las Municipalidades establece las Sanciones y Procedimientos en lo relacionado a los intendentes.
El artículo 249 determina que al Concejo Deliberante le corresponde juzgar al Intendente ante determinadas conductas y para eso se designará una comisión investigadora integrada por concejales con la aprobación de las dos terceras partes del total de sus miembros.
"La Comisión Investigadora deberá constituirse con no menos de una cuarta parte de los mismos y representación de todos los bloques reconocidos. Tendrá como objeto reunir los antecedentes y elementos de prueba necesarios para la valoración de los hechos que deberán ser precisamente definidos", consigna.
Para eso, tendrá un plazo de 30 días. Cumplidos los requisitos, el Intendente podrá hacer sus descargos y aportar pruebas, para lo que se le otorgará un plazo de 10 días. Vencido ese plazo, la Comisión deberá elevar al Concejo su informe en un plazo máximo de 15 días para que, en Sesión Especial, califique la gravedad de los hechos.
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