Las internas vienen con otra trampa

Por Adrián Ventura.

Todo proyecto de gobierno debe ser interpretado en el contexto político y económico en el que se inserta.

Ayer, la presidenta Cristina Kirchner presentó la reforma política, para establecer internas abiertas y simultáneas, como las que rigen en Santa Fe y en varios países. Es bueno que la gente elija a sus dirigentes, desde abajo hacia arriba, pues eso genera compromiso cívico. Pero el asunto no es tan simple como lo quiere mostrar el Gobierno. Hay que analizar el proyecto y ubicarlo en un escenario de creciente asfixia.

En las internas abiertas, cualquier ciudadano vota en la interna de cualquier partido. Por eso, los intendentes pueden convertirse en un factor decisivo: si el éxito en su distrito está asegurado, ellos y el líder político pueden hacer votar a parte de sus simpatizantes en la interna de otros partidos, para torcer el resultado. Fue ese legítimo temor el que llevó a Elisa Carrió a pedir que, en 2002, el presidente Eduardo Duhalde suspendiese la aplicación de la ley que había sancionado el Congreso.

Los problemas son aún más graves: las campañas sólo se financiarán con aportes públicos y las empresas no podrán hacer aportes privados a los partidos. Nada mejor para un gobierno que debilitar a los partidos de la oposición. Y si Francisco de Narváez hizo una buena elección gracias a sus spots televisivos, financiados con dinero privado, nadie más podrá reproducir esa performance: los partidos sólo podrán hacer publicidad en los espacios que asigna el Gobierno.

Es extraño que Cristina Kirchner nos invite a mirar la legislación de otros países: olvida que en los Estados Unidos, país que es ejemplo de internas abiertas, la Suprema Corte, cuando en 1976 resolvió el caso Buckley vs. Valeo, decidió que los partidos pueden optar por financiarse con fondos públicos o privados y que el Congreso no tiene competencia para limitar el gasto que quieran hacer los particulares (y las empresas) en las campañas.

La ley también implica otro retroceso: mientras actualmente el padrón de electores lo elabora cada una de las secretarias de los tribunales electorales, según el proyecto de ley lo elaborará el Ministerio del Interior. El zorro entra en el gallinero, cierra la puerta y se traga la llave.

Sería positivo para el país contar, ahora mismo, con una buena ley de internas abiertas. Pero el contexto indica otra cosa. El Estado maneja discrecionalmente los recursos vinculados con la publicidad oficial; coarta a los medios masivos con una ley de medios audiovisuales hecha a medida; estatizó los fondos previsionales privados para financiar el gasto público; cambia discrecionalmente la asignación de recursos presupuestarios; desalienta el acceso a la información, y difunde datos falsos, como los del Indec.

¿Puede creerse que la ley de internas sea desinteresada?

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