interna ucr Legisladores negristas no firmaron repudio a Juez

Tampoco suscribió el proyecto de declaración la representante de Aguad. Estrategia 2009/11 al descubierto.
La ruptura que amenaza provocar Luis Juez en la Unión Cívica Radical quedó ayer un poco más en evidencia, cuando un grupo de legisladores rechazó firmar un proyecto de repudio de las recientes declaraciones periodísticas del jefe del Frente Cívico y Social.

El bloque de la UCR tiene doce legisladores. Ocho suscribieron una manifestación de fe antijuecista. Cuatro se negaron.

Los que rubricaron el documento son mestristas, ex negristas y líberos que ya formaron un clan para respaldar la designación de Mario Decara como defensor del Pueblo, con el apoyo de Unión por Córdoba; y a ellos se sumaron ahora la representante de Eduardo Angeloz y el único becerrista del bloque. Todos ellos coinciden en hacerse cruces ante la mención de una posible alianza con Luis Juez. Los que no quisieron estampar su firma son los tres negristas y la delegada de Oscar Aguad. Mario Negri y Aguad conversaron telefónicamente el fin de semana con Juez para trazar una estrategia común frente al proyecto de estatización de las AFJP (ver aparte).

El proyecto de declaración que impulsaron los antijuecistas, seguramente con poca inocencia, es algo exagerado.

Juez había dicho que la UCR debía apurarse a definir su política aliancista, por lo que aparece como exagerado encontrar allí rasgos «fascistas». Igual, el texto cumplió la función de ver de qué lado se para cada legislador.

En el texto se manifiesta el «repudio a las declaraciones de Luis Juez, en las que emplaza a otras fuerzas políticas a aliarse al Frente Cívico y Social, por constituir un agravio a la libertad de organización y funcionamiento democrático de los partidos políticos y especialmente de la Unión Cívica Radical, cuya política de alianzas no puede ser producto de amenazas y coacciones».

«Las políticas de alianza interpartidaria deben realizarse en una situación de paridad entre los participantes de la misma», apuntan los radicales antijuecistas.

Señalan, asimismo, que las palabras de Juez son una «afrenta» a la Constitución y a la ley de partidos políticos.

Más interesante es la distinción que traza entre la Unión Cívica Radical y el Frente Cívico y Social.

«Como es de dominio público el señor Juez en su Frente Cívico y Social ejerce una autoridad personal y absoluta, ya que no existe la democracia interna y el disenso. En consecuencia él no debe recurrir a ningún órgano partidario, pues el FCS no está integrado por militantes sino por acólitos absolutamente subordinados a su autoridad cuasi fascista. En cambio la UCR tiene un Congreso partidario elegido democráticamente que es el que toma las decisiones máximas producto de una deliberación democrática», describieron.

«Este proyecto de declaración no está dirigido sólo a la defensa de la dignidad de la Unión Cívica Radical, hoy atropellada por el señor Juez, sino de todos los partidos políticos democráticos de Córdoba y la concordia interpartidaria que no puede ser alterada por los agravios de ningún dirigente desbocado», concluyeron.

Todos contra Schiaretti

En cambio, los doce legisladores firmaron al pie de un pedido de informes en el que se desliza una crítica al gobernador Juan Schiaretti por designar a Marisa Arias de Carranza como «delegada regional del Poder Ejecutivo» en Río Cuarto.

Schiaretti nombró a Arias de Carranza el lunes, otorgándole el rango de secretaria de Estado y sentándola como miembro plena del Gabinete.

Los radicales preguntan «cuál es el instrumento jurídico» para nombrarla, «cuáles son las funciones, duración en el cargo, competencia, atribuciones y estructura de la Delegación».

También, inquieren por el presupuesto con que contará.

Para los radicales, parece una reedición de la vieja figura del «jefe político», que desapareció con la reforma constitucional de 1987.

La «delegada» es una ex concejala de Río Cuarto identificada en la interna peronista con el ministro de Agricultura, Carlos Gutiérrez.

De acuerdo con la información oficial, la tarea de la «delegada» en la capital alterna de la provincia será la de coordinar las reparticiones ministeriales descentralizadas.

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