Una resolución de la Suprema Corte desnudó la interna fuerte que se está dando en el Poder Judicial entre el máximo tribunal y la Procuración. A través de la acordada N°28.275, los jueces que integran la sala administrativa, Omar Palermo, Julio Gómez y Pedro Llorente, dispusieron que la extracción de muestras de ADN ordenadas por el Poder Judicial serán realizadas por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y no por el laboratorio genético de la provincia, recientemente inaugurado por el gobernador Alfredo Cornejo.

Con esta decisión, el organismo que comanda Alejandro Gullé se queda sin una fuente de financiamiento para responder a los costos de mantenimiento que tiene uno de los laboratorios más modernos y seguros de Sudamérica.

En esta disputa, hay dos partes claramente delimitadas. Por un lado, la Corte (incluso con sus pujas internas), y, por el otro, la Procuración y el Ejecutivo, que, en este juego, aparecen juntos.

Las diferencias se notan cada vez más. Desde que asumió en el cargo, Cornejo no para de realizar críticas al sistema judicial y, además, introdujo varias modificaciones con el objetivo de “agilizar” la Justicia y contrarrestar el delito.

El último enfrentamiento que todavía está latente es por el caso de la fiscal viajera, Anabel Orozco. La Corte decidió dilatar el Jury que impulsó el mismo Gullé y que ahora se postergó hasta después de las elecciones y, así, no darle un triunfo político al gobernador antes de los comicios.

Acordada

Lo llamativo es que esta acordada surge tres meses después de que Cornejo y el procurador, Alejandro Gullé, inauguraran el Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas y el Laboratorio de Genética Forense. La instalación de este laboratorio requirió una inversión para la Provincia de $27 millones. En el corte de cintas, incluso, participó el mismo presidente de la Corte, Llorente.

Los jueces justificaron su decisión en el precio de la extracción al afirmar que el valor unitario que establece el servicio financiero del Ministerio Público es de $1.950 por extracción, mientras que la UNCuyo lo ofreció en $1.700 para los estudios genéticos de los juicios civiles y de familia.

Además, los magistrados afirman que actualmente hay más de 300 causas en la provincia en las que han ordenado la realización de los estudios de ADN y que están pendientes debido a las resoluciones de la Procuración que conduce Alejandro Gullé.

El procurador prefirió evitar la polémica y señaló que esa decisión de la Corte es un “alivio” para el Ministerio Público, que tiene un año y medio para incorporar 50 mil huellas genéticas.

“Para usar nuestro laboratorio, ellos nos tienen que pagar, está bien si consideran que les sale mejor un paquete con la UNCuyo”, explicó Gullé.

El tema del labortatorio es uno más. La interna judicial se vive a diario en los pasillos y en los despachos y ha llegado a involucrar al personal de ordenanza que se encarga de la limpieza los edificios que comparten.

En tanto, el Ejecutivo prefiere no opinar, aunque algunos –intentando minimizar la situación– señalan que la acordada puede ser una respuesta a la resolución de Gullé por la cual notificaba que iba a cobrarle al Poder Judicial las extracciones, ya que tienen presupuestos separados.

Laboratorio de Ciencias Médicas

La directora del Laboratorio de Ciencias Médicas, Sandra Furfuro, señaló que la universidad tiene la misma tecnología que el laboratorio recientemente inaugurado y explicó que la diferencia en el precio se da porque la facultad tiene un costo menor en la compra de reactivos.

“La entrega de resultados demorará entre 15 y 20 días corridos, luego de tomar las muestras”, indicó Furfuro. A pesar de que se duplicará la demanda, la directora aclaró que el laboratorio no necesitará incorporar personal.