El ombudsman Víctor Galarza dio a conocer el informe anual por el ejercicio 2012 de las actuaciones de la Defensoría del Pueblo de la Provincia en relación a las denuncias de distintos orígenes formuladas por la ciudadanía jujeña ante el organismo mediador. La rendición de cuentas por la labor cumplida el año pasado ya había sido elevada a la Legislatura jujeña en soporte digital y en papel, conteniendo 20 tomos de 500 páginas cada uno y un número considerable de capítulos.

El informe en cuestión está previsto en el artículo 53 de la Ley provincial 5.111, de creación de la Defensoría, y constituye el décimo resumen anual que elabora el organismo para su remisión a la Cámara de Diputados, los poderes Ejecutivo y Judicial, y otros organismos contemplados en esa norma. Fueron 29.946 reclamos, quejas o denuncias se recibieron en la institución durante el 2012, reflejando un incremento en las demandas del orden del 1.768 por ciento desde su puesta en funcionamiento.

Galarza, acompañado por los defensores adjuntos Hugo Eleit y Julio Costas, brindó una conferencia de prensa en la que explicó que los pedidos de intervención efectuados al organismo se hicieron tanto en la sede central de esta capital, como en cada una de las oficinas que tiene la Defensoría en el interior de la provincia. Dijo que las denuncias fueron realizadas en forma personal, por teléfono, fax y a través del correo electrónico habilitado para tal fin.

Señaló que, a diferencia de otros años donde el grueso de las quejas y denuncias se canalizaron a través de la sede central, actualmente ubicada en la esquina de Arenales y Ramírez de Velazco de esta capital, en ese período -2012- sólo el 37 por ciento de la demanda tuvo origen en San Salvador de Jujuy, mientras que el resto le correspondió al interior provincial. “Este es un dato relevante que habla a las claras del crecimiento que tuvo la institución fuera de la capital.

De acuerdo a este informe, el ranking de reclamos, quejas y denuncias está encabezado por temas vinculados a defensa del consumidor, con un 20,72 %. Lo siguen servicios públicos y/o de interés público (12,10 %), seguridad vial (11,17 %), jubilaciones y seguridad social (10,50 %), mediación en conflictos entre particulares (8,80 %), violencia intrafamiliar (7,87 %), sistema de salud (5,78 %) y problemática familiar en general (4,39 %).

La nómina se completa con seguridad y justicia (3,75 %), obras públicas (3,71 %), denuncias y reclamos laborales (3,51 %), derechos de identidad (3,38 %), educación (2,70 %), impuestos y tasas (1,32 %), y medio ambiente (0,30 %). Galarza remarcó que los reclamos por temas de defensa del consumidor dan cuenta de las reiteradas violaciones que se producen sobre los derechos del usuario y el consumidor en general. Dentro de esa área las denuncias más frecuentes apuntaron a las casas comerciales, bancos y entidades financieras, y seguros en general, en ése orden. Con respecto al primer ítem se destacaron la compra de artículos defectuosos, las demoras o retenciones de los artículos adquiridos por parte del servicio técnico, inconvenientes con la garantía, diferencia de precios según la forma de pago, y cobro por compra no realizada.