Intento de embargo al municipio

Ayer se observó una inusual acción, cuando la caja del municipio quiso ser embargada mediante orden judicial, para lo cual asistió un auxiliar de la Justicia y el doctor Raúl Alvarado, asesor letrado del Sindicato de Trabajadores Municipales, por un juicio laboral.
Esto ocurrió pasadas las 11, y tuvo una rápida y enérgica reacción de la Asesoría Letrada Municipal y otros funcionarios, quienes se mostraron sumamente molestos por la acción.

Se trata del caso de un agente municipal que fue cambiado de área y se le habría bajado la categoría, además de la reducción de un pago extralaboral. Pero esta persona tiene un cargo gremial y por ende se encuentra amparado por ley para garantizar que pueda cumplir esa función sin contratiempos.

Todo eso habría sido ignorado por el municipio, lo cual llevó al agente a iniciar acciones legales, sobre las cuales la Justicia falló a su favor, imponiendo la restitución de categoría, su puesto laboral y el sueldo caído, lo que habría sido incumplido por el municipio, por lo cual cada día de incumplimiento es multado además por 50 pesos, de lo que habrían transcurrido unos sesenta días, y se ha sumado a la deuda reclamada por los haberes percibido de menos. Y esa multa sigue aplicándose hasta tanto el municipio cumpla con lo impuesto por la Justicia.

Al no haberse cumplido lo dictaminado judicialmente, fue que se tramitó una orden de embargo y ese mandamiento fue expedido a favor del agente municipal, lo que finalmente se tramitó ayer.

No obstante, el acto no pudo completarse. La Ley Orgánica de las Municipalidades contempla que los dineros municipales provenientes del cobro de tasas no pueden ser embargados. Además, para el municipio se trató de un procedimiento mal ejecutado, y tampoco se había recibido notificación alguna sobre las consecuencias del incumplimiento municipal, que por otro lado se aseguró que fueron dispuestos fondos para subsanar el caso.

Una situación atípica que generó un fuerte enfrentamiento entre el asesor legal del gremio y funcionarios municipales, lo que pudo implicar la ruptura de las relaciones entre las partes.

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