La 

 oposición pretende activar la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para que el escándalo que envuelve al vicepresidente Amado Boudou por la quiebra de la imprenta Ciccone no se dirima sólo en los tribunales, sino también en el Congreso, el ámbito político por excelencia.

La diputada y vicepresidenta de la Comisión, Laura Alonso (Pro), anticipó a LA NACION que reclamará que ese cuerpo se reúna cuanto antes para debatir los seis pedidos de juicio político que presentó la oposición contra el vicepresidente en estos últimos dos años. Alonso le enviará hoy una nota en ese sentido a la presidenta de la comisión, la kirchnerista Adela Segarra.

Difícilmente la mayoría oficialista en la comisión admita la nota de Alonso. Hasta ahora la estrategia del kirchnerismo ha sido mantener paralizado ese cuerpo, donde yacen inertes decenas de pedidos de juicio político contra distintos funcionarios del Gobierno.

Pero la situación de Boudou , quien la semana pasada fue citado a declaración indagatoria por el juez Ariel Lijo, motivó a los diputados opositores a urdir una jugada política para forzar una reacción del oficialismo. Boudou es investigado por su presunto interés para salvar de la quiebra a la imprenta Ciccone cuando era ministro de Economía: está acusado de negociaciones incompatibles con su función por haber contribuido a dejar en manos de supuestos allegados suyos la gestión de la empresa.

La clave, para la oposición, radica en el artículo 108 del reglamento de la Cámara de Diputados. Ese artículo confirma que las comisiones necesitan la presencia de la mayoría de sus integrantes para funcionar, es decir, la mitad más uno. Pero, a renglón seguido, concede que una comisión puede funcionar con al menos el tercio de sus miembros si, transcurridos 30 minutos de la hora fijada para la convocatoria, no se hubiese reunido el quórum. El reglamento permite, aun en este caso, considerar y despachar los asuntos consignados en la citación correspondiente.

La oposición reúne un tercio de los miembros de la comisión: tiene 14 de los 31 integrantes. El resto responde al kirchnerismo más duro; basta mencionar a Diana Conti, Teresa García, Eduardo "Wado" De Pedro, Andrés "Cuervo" Larroque, Carlos "Cuto" Moreno, Remo Carlotto y Carlos Kunkel para confirmar que el oficialismo se hizo representar por sus soldados más leales en aquella comisión estratégica.

La oposición tiene una composición variopinta: además de Alonso, integran la comisión Elisa Carrió (Coalición Cívica); Manuel Garrido (UCR); Pablo Tonelli (Pro); Margarita Stolbizer (GEN), y Claudio Lozano (Unidad Popular), entre otros. La diputada Alonso pretende reunir la mayor cantidad posible de firmas de sus colegas opositores para forzar la convocatoria a la comisión.

Algunos de ellos son autores de pedidos de juicio político contra Boudou, como Stolbizer, quien, consultada por LA NACION, está de acuerdo con la convocatoria a la comisión. También lo está el diputado Garrido. "Independientemente de la causa judicial, el Congreso tiene la obligación de investigar la responsabilidad política de Boudou en los hechos que se le imputan", enfatizó Garrido a este diario.

En la misma sintonía se expresó un grupo de diputados de Pro que, encabezado por Patricia Bullrich, presentó ayer una cuarta ampliación de las causas en el pedido de juicio político contra Boudou, que data de 2012, cuando estalló el escándalo. "Si el juez Lijo tiene elementos de sospecha, la Cámara de Diputados no puede seguir haciéndose la distraída omitiendo el debate", enfatizaron los legisladores.

Más cauta, la diputada Carrió sostiene que "hay que dejar actuar a la Justicia y esperar el procesamiento de Boudou". No obstante, acompañará la nota para convocar la comisión, indicaron sus voceros. De hecho, uno de los pedidos de enjuiciamiento fue presentado por dos de sus lugartenientes en el bloque, Alcira Argumedo y Fernando Sánchez.

En similar sentido se expresó el diputado Adrián Pérez, del Frente Renovador, quien ayer presentó otro pedido de enjuiciamiento contra Boudou. Pérez no integra la comisión, pero sí lo hace el santafecino Oscar Gutiérrez, que también responde a Sergio Massa.

"Ante la inminente indagatoria del vicepresidente, le toca actuar a la Comisión de Juicio Político", enfatizó Gutiérrez.

POSPONEN LA DECLARACIÓN DE UN ABOGADO

La declaración del abogado Eduardo Taiá, que debía contestar preguntas en el juzgado de Ariel Lijo sobre la transferencia de acciones de la ex Ciccone Calcográfica, se pospuso ayer porque el letrado no fue relevado del secreto profesional que le exige su profesión.

Según fuentes judiciales, Taiá explicó que concurrirá al Colegio de Abogados para interiorizarse sobre el asunto, dado que el momento en que se produjo el traspaso accionario de la ex Ciccone era letrado en nombre de los anteriores dueños de la firma.

El Colegio Público de Abogados dictaminó que en los casos de las personas jurídicas es el titular de la empresa en la actualidad el que debe relevar del secreto profesional al letrado para que declare. En este caso, el director de la firma que sucedió a los Ciccone es Alejandro Vandenbroele, y sería él quien debería relevar al abogado de esa obligación, dijeron en tribunales funcionarios que intervienen en el caso..