Mientras el ministro de Desarrollo Social, Santiago López Medrano, y Andrés Scarsi, de Salud, explicaban ayer algunos lineamientos del presupuesto en inversión social y de los programas sanitarios que tendrá la Provincia en 2019, casi la totalidad de los intendentes peronistas se reunieron con los legisladores del PJ y de Unidad Ciudadana para librar una batalla por los subsidios.

 

 

Según confió una fuente provincial, el presupuesto provincial bajará al recinto en dos semanas y los jefes municipales tienen ese tiempo para intentar frenar el traspaso del gasto, que correspondía originalmente a la competencia provincial, a sus arcas.

 

 

Entre los subsidios que más peso le significan a las finanzas municipales se encuentra el del transporte público y lo que corresponde al CEAMSE. Previamente, parte de del financiamiento de la basura lo asumía la Provincia y otra parte las intendencias, pero fuentes provinciales aseguraron que a partir del año que viene se hará cargo de la totalidad del monto los municipios.

 

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Otros de los ejes de disputa entre ambas competencias tiene que ver con las fuentes para el Fondo Educativo. El destino de estos recursos se dividían originalmente entre obras, reposición de bienes de capital y demás necesidades. Ahora, la Provincia busca que la totalidad del monto vaya a financiamiento de obras.

 

 

Pasarles la responsabilidad a gobernadores e intendentes fue una de las medidas que impulsó el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, para lograr el objetivo de alcanzar el déficit cero de las cuentas primarias en 2019. No obstante, desde los municipios afirmaron que esta maniobra es "inédita" y que se les hará difícil asumir este gasto.

 

 

En algunas cifras, solamente para transporte, Nación traspasará a provincias e intendencias un total de $ 60.000 millones. En el caso del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), esta maniobra demanda una inyección de $ 26.200 en subsidios, que significan un 43% del total que Nación viene asumiendo para el autotransporte de pasajeros.

 

 

En un contexto recesivo, con impuestos locales como Ingresos Brutos en pleno descenso, el peligro de delegar este peso monetario a las intendencias es el incumplimiento por falta de fuentes, que podría provocar una eventual suba de tarifas en algunos precios de servicios.