Intendentes padecen el ajuste del gasto público

Al recibir menos recursos nacionales, la Provincia retacea el envío de los fondos previstos para la concreción de obras públicas en el interior.
Los pronósticos presagiaban que el segundo semestre del año sería el más difícil de afrontar por los remezones de la crisis financiera. Y, a juzgar por las declaraciones oficiales, la merma en el flujo de fondos golpeó en el pecho a las intendencias del interior provincial.

El gobernador, José Alperovich, fue el primero en anticipar un ajuste del 15% en los gastos corrientes del Estado. Luego fue el ministro de Economía, Jorge Jiménez, quien confirmó que el Poder Ejecutivo bajaría los gastos y que aplanaría la inversión en obra pública. Todas esas advertencias fueron concretadas, según confirmaron nueve jefes municipales consultados por LA GACETA.

En efecto, la caída de la coparticipación federal de impuestos tiene una repercusión dispar en las municipalidades. Esto se debe a que la mayoría de los intendentes suscribió el Pacto Social con el PE. Los 12 municipios que firmaron ese acuerdo cedieron sus ingresos de coparticipación a cambio de una asistencia fija mensual para afrontar el pago de sueldos y la realización de obras públicas.

En ese pelotón aparecen la capital, Banda del Río Salí, Yerba Buena, Aguilares, Tafí Viejo, San Isidro de Lules, Concepción, Monteros, Famaillá, Alderetes, Bella Vista, Juan Bautista Alberdi y Tafí del Valle. Todas esas administraciones vieron afectados en un ciento por ciento sus recursos coparticipables.

En cambio, los municipios que no firmaron el Pacto Social para el pago de sueldos pero sí el de obras (y que dependen principalmente de la recaudación, de la coparticipación de impuestos federales y provinciales, y de los envíos del Fondo del Desarrollo del Interior -FDI-) son Las Talitas (sólo afectó un 30% de coparticipación), Trancas (24%), Burruyacu (12%), Simoca (19%) y Graneros (21%).

El caso de La Cocha es particular, porque no rubricó el convenio de asistencia con la Provincia a fin de recibir aportes para el pago de sueldos, ni tampoco integra el Fondo Fiduciario para obras públicas. Por ello, es el único municipio que puede disponer de todos los ingresos que por ley le corresponden.

Unos sí, otros no

En este año, el PE pautó $ 566,2 millones en aportes para el pago de la planilla salarial de 13 administraciones; mientras que, para obras públicas, se distribuirán unos $ 183,4 millones entre 18 ciudades. El principal inconveniente es que el Poder Ejecutivo remite mensualmente los fondos pautados para el pago de haberes, con el objetivo de mantener la paz social. Sin embargo, retacea la remisión de los recursos previstos para trabajos de infraestructura.

Esa merma había sido advertida por el Gobierno y ahora fue reconocida por los intendentes, muchos de los cuales ya estiman que no podrán ejecutar la totalidad de lo presupuestado cuando concluya 2009. Algunos arrojan promedios sobre sus gastos finales, y ninguno supera el 70% de lo previsto en el cálculo de ingresos y de egresos.

De menor a mayor

Al iniciar el año, el gobernador reclamó austeridad a los intendentes y garantizó el envío de fondos para obras y salarios.

En agosto, Alperovich anunció a LA GACETA que encararia un ajuste, porque aún necesitaba $ 60 millones para terminar "bien" el año.

En octubre, el ministro de Economía, Jorge Jiménez, dijo que el PE promovería un achique de $ 100 millones para evitar entrar en déficit.

El miércoles, Alperovich reconoció que la Provincia aún necesita conseguir $ 30 millones para no finalizar el año con las cuentas en rojo.

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