Intendentes del PJ lograron que un juez federal atienda su amparo antitarifazo

Intendentes del PJ lograron que un juez federal atienda su amparo antitarifazo

Buscan que se desestime el aumento de la luz. En un primer intento la justicia los había desalentado aunque había aceptado el planteo de entidades de usuarios.

Tras un primer intento frustrado, los intendentes del peronismo bonaerense lograron que un magistrado les acepte tramitar la acción de amparo contra el aumento en la tarifa de luz autorizado por Cambiemos.

Se trata del juez federal perteneciente al tribunal Nº 4 de La Plata, Alberto Osvaldo Recondo, quien atenderá la acción colectiva presentada por los jefes comunales en acuerdo con el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) y el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.

Según se expresó en la resolución judicial, la iniciativa resulta “una pretensión dirigida a proteger derechos individuales homogéneos, toda vez que existe “un hecho único -la normativa en cuestión- que causa una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales”.

Por lo que, según se indica, “corresponde declarar formalmente admisible la acción colectiva”.

“La clase afectada se encontraría entonces conformada por todos los usuarios residenciales del servicio de electricidad bajo regulación federal, a quienes se les aplicará el nuevo cuadro tarifario aprobado por las demandadas a partir del día 1 de febrero de 2019” se detalla en los fundamentos de la resolución.

A principios de febrero, intendentes, diputados nacionales y provinciales, ONGs y movimientos sociales rubricaron un amparo con el objetivo de demostrar que “los aumentos vulneran el principio de tarifas justas y razonables” según expresaron en ese momento.

Además, se dejó constancia que “los aumentos de tarifas establecidos incumplen con los estándares determinados por la Corte Suprema en el fallo CEPIS de 2016, donde se dictaminó mantener un criterio de “gradualidad” acorde a los niveles de ingresos de los ciudadanos”.

Bajo esos argumentos, se pedía “un freno al último incremento en el cuadro tarifario autorizado por el Gobierno Nacional y trasladado a las facturas por parte de las empresas, a pesar de los constantes cortes en el suministro eléctrico que sufren los usuarios”.

El viernes de la semana pasada el fiscal federal, Guillermo Ferrara, había desestimado el pedido de los intendentes peronistas, pero había avalado la facultad del CEPIS y también de la Asociación Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) y la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores (ADDUC).

Para el fiscal, ni los jefes comunales ni el Defensor del Pueblo, tenían la “legitimación para actuar en defensa de los derechos de incidencia colectiva” como establece la ley de defensa del consumidor (24.240).

Tras cuestionar esta decisión, los intendentes peronistas decidieron avanzar con el pedido de amparo en otros juzgados hasta obtener el apoyo para reclamar contra el tarifazo en la tarifa de luz. Para este sector opositor, el incremento exponencial del valor de los servicios esenciales, como el agua, la luz y el gas, se imponen como centrales en la agenda electoral de este año. Aunque, claro, tendrán la resistencia del gobierno de Cambiemos.

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