Intendentes defienden ante el TSJ "impuesto a la valija"

17 municipios llevaron su preocupación ante el tribunal, que debe emitir otro fallo.
Aunque no trascendió públicamente, un grupo de intendentes cordobeses planteó a integrantes del Tribunal Superior de Justicia su "preocupación" por los fallos adversos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al denominado "impuesto a la valija".

El denominado gravamen es una tasa que cobran municipios a empresas que comercializan productos o servicios en localidades o ciudades en las que no tienen ningún inmueble o sede legal en su respectiva jurisdicción.

Representantes de 17 intendencias, entre los que había jefes comunales y asesores, fueron recibidos el miércoles pasado por los vocales del Tribunal Superior Domingo Sesín y Luis Rubio, a partir de una audiencia que habían solicitado los propios intendentes. El de San Francisco, Martín Llaryora, llevó la voz cantante. También estaban los representantes de Marcos Juárez, Río Tercero, General Deheza, General Cabrera, Río Tercero, Hernando, Justiniano Posse, entre otras poblaciones.

Los intendentes expresaron "su fuerte preocupación" de que los últimos fallos adversos de la Corte Suprema a la aplicación del "impuesto a la valija" prospere y haga caer la recaudación de los municipios.

Incluso, algunos barajan la posibilidad de pedir, vía judicial, que no se les aplique el convenio multilateral, por el que los municipios que están adheridos deben ceder parte de la recaudación a las ciudades donde están radicadas esas empresas.

Al Tribunal. El primer fallo de la Corte fue el de los Laboratorios Raffo contra la Municipalidad de Córdoba. En primera instancia, la Cámara Contencioso Administrativa de Córdoba rechazó la demanda de Raffo, lo que fue avalado por el Tribunal Superior. Pero después, la Corte anuló el dictamen cordobés y le ordenó al Tribunal Superior dictar un nuevo pronunciamiento. Al máximo tribunal cordobés todavía no llegó el expediente de Raffo.

Se estima que tras la feria, el alto tribunal emitiría un nuevo fallo. La pregunta del millón es si seguirá el criterio adverso de la Corte a ese gravamen.

En la máxima instancia judicial, seis de los siete jueces avalaron el dictamen de la Procuradora Fiscal, Laura Monti, el 23 de junio pasado. En los primeros días de este mes, la Corte asestó otro golpe a ese gravamen en la causa del laboratorio farmacéutico Ivax Argentina SA contra la Municipalidad de Río Cuarto.

"En realidad, el fallo de la Corte es sobre un solo caso y no creemos que los próximos sean similares; pero el tema nos genera mucha preocupación", admitió Llaryora, de San Francisco.

El argumento de la Corte es que, en realidad, el impuesto a la valija es una tasa y por lo tanto debería haber una contraprestación individualizada del municipio a quienes pagan esa contribución, lo cual no se está realizando.

"Fuimos a plantearle nuestra preocupación por la medida de la Corte y en función de ello nos escucharon; nada más, pero tenemos que atenernos a las reglamentaciones de la Corte", dijo a este diario el intendente de Marcos Juárez, Eduardo Avalle.

Si bien los dos vocales solamente se limitaron a escuchar a los intendentes y a analizar la cuestión, trascendió que algunos miembros del Tribunal Superior no compartirían el criterio de la procuradora Monti, avalado por la Corte.

En ámbitos de la Justicia señalan que la reforma constitucional provincial de 1987 le otorga a los municipios en el artículo 186 la competencia para "crear, determinar y recibir los recursos económicos financieros", facultad que según esas mismas fuentes fue convalidada por la reforma nacional de 1994.

Algunos avanzan más y cuestionan que los fallos exteriorizan "una Corte unitaria", que avasalla la autonomía de los estados locales.

Ratificación en Río Cuarto. Tras recibir la visita del asesor Héctor Villegas Ninci, autoridades municipales de Río Cuarto ratificaron que, pese al fallo adverso de la Corte en el caso del laboratorio Ivax SA, continuarán cobrando la tasa a contribuyentes de extraña jurisdicción o "impuesto a la valija".

El fiscal municipal Hernán Di Santo elabora un dictamen en el que plantea la continuidad de los procesos existentes "hasta tanto se pronuncie nuevamente el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia". Explicó que, en el caso Ivax, la Corte ordena rever un fallo del Tribunal Superior que había declarado legal la tasa que, desde 1993, la Municipalidad le cobra a las empresas que, sin tener sede local, hacen negocios en la ciudad. Se estima que el municipio tuvo ingresos por más de 20 millones de pesos gracias a este tributo que, entre otros, pagan bancos, laboratorios, petroleras y automotrices.

A partir de la sentencia que declara "ilegítima" la tasa se interpretó que otras firmas que ya han abonado el impuesto podrían pretender que Río Cuarto les devuelva lo que pagaron (juicios de repetición).

Pero el fiscal Di Santo confía en que está acreditada la contraprestación de servicios y no podrán exigirle lo cobrado.

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