Los intendentes, en alerta por los salarios de los camioneros

Aumenta la preocupación por el costo creciente de los servicios de recolección de residuos
LA PLATA.- Los aumentos salariales que benefician a los trabajadores de recolección de residuos son un dolor de cabeza para los jefes de los municipios bonaerenses, que se quejan de que esas remuneraciones se llevan un alto porcentaje de sus presupuestos. Las comunas, sin embargo, dependen de estas empresas de recolección de basura, que en muchos casos tienen una estrecha relación con el sindicato de camioneros que lidera el jefe de la CGT, Hugo Moyano.

"No es que estemos en contra del salario digno de un barrendero o de un camionero, al contrario; sólo que nos es imposible solventar las actualizaciones que nos piden las empresas concesionarias, porque sus empleados han renegociado los contratos bajo el convenio colectivo de camioneros", dijo el intendente de Azul, Omar Duclós (GEN), a LA NACION. En este distrito, como en la mayor parte de la provincia, el servicio está concesionado, y la empresa privada le provocó un aumento del gasto al municipio de Azul de más del 400 por ciento.

En septiembre pasado, el sindicato paró sus actividades por ocho días ante la posibilidad que había esgrimido Duclós de municipalizar los servicios para aminorar el impacto de los gastos. Esa resolución iba a llevar, indefectiblemente, a congregar a todos los trabajadores como empleados municipales. Ante el conflicto que todo ello generó, actualmente hay una mesa de discusión para buscar otra alternativa.

Reclamos en puerta

En el partido de Quilmes, la situación con las empresas concesionarias -Covelia y Cliba- y su reclamo por el aumento salarial de sus trabajadores tienen perspectivas poco alentadoras para el intendente Francisco "Barba" Gutiérrez, del Frente para la Victoria.

El secretario de Gobierno local, Raúl Oviedo, dijo a LA NACION que durante 2009 una de las empresas "nos decía que si no pagábamos el total, de lo cual casi todo es para abonar los sueldos y cargas sociales, no podía pagar a los empleados. Entonces, el capital de riesgo lo tenía que afrontar la comuna".

Para fuentes oficiales del partido de Lanús, "el porcentaje que se le abona a Covelia [el 25% del presupuesto anual] es muy alto respecto de la recaudación que tiene la comuna". Sin embargo, reconocen que cuando esa prestación la realizó un empleado municipal, que tiene escalafón público y "gana la mitad de lo que perciben los trabajadores enrolados en camioneros", el servicio fue "menos eficiente".

Días después de que el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray -también militante del Frente para la Victoria-, asumiera su cargo al frente de la comuna, en diciembre de 2007, tuvo que afrontar un conflicto con los camioneros que duró 12 días. Fue cuando quiso discutir un aumento de los salarios que la gestión anterior ya había negociado con Covelia.

En San Isidro, el último ajuste del contrato con la empresa proveedora del servicio llevó el monto de casi cinco millones a seis millones de pesos mensuales. Las fuentes municipales indicaron a LA NACION que tanto los camioneros como los barrenderos que allí trabajan están amparados por el convenio colectivo de los camioneros.

El caso del municipio de Morón es particular. En diálogo con LA NACION, el secretario de Economía y Finanzas de la comuna, Eduardo Aseff, dijo que el 24% del presupuesto que dedican para paliar los gastos de la empresa Urbaser, de recolección de residuos domiciliarios, es "un porcentaje razonable y está en la media de lo que destinan otros distritos".

Aun así, reconoció que a fines de 2009 el intendente de Morón, Lucas Ghi, impulsó un pedido al gobernador Daniel Scioli para gestionar que fuera desgravado el IVA del servicio de recolección, "para acompañar la racionalización del gasto y reducir la asfixia financiera por la que pasan los municipios bonaerenses".

Servicio municipalizado

El intendente de Pergamino, Héctor Gutiérrez (UCR), no extraña los tiempos en que el servicio municipal de recolección de basura estaba en manos de camioneros afiliados al sindicato. "En 2001, afortunadamente, estatizamos el servicio de recolección y nunca más lo vamos a privatizar", dijo el jefe comunal a LA NACION.

"Cuando era privado, no sólo teníamos dificultades con el servicio, sino que el hecho de que fuera Moyano-dependiente acarreaba problemas políticos."

Gutiérrez agregó que la presión del gremio sobre las empresas cerealeras que recurrían a transportistas no afiliados "generó dificultades con las cooperativas de transportes. Hubo bloqueo de plantas, y una de ellas tuvo que deshacerse de su flota y tercerizar el servicio".

Un panorama similar manifestó un ruralista de Bragado. "Muchos transportistas han tenido problemas y han tenido que vender sus camiones por presiones del sindicato", contó.

En Ensenada, el jefe comunal Mario Secco decidió hace tiempo municipalizar el servicio de recolección de residuos y sus 50 choferes dependen del convenio de empleados municipales.

Lo mismo ocurre en Tandil, Berazategui y en Coronel Pringles, donde los jefes de Gobierno locales no tienen ninguna relación con el sindicato de Moyano.

LA NACION intentó comunicarse con representantes del sindicato de camioneros, pero no obtuvo respuesta a la requisitoria.

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